Aunque las encuestas no son un oráculo y sus resultados están muy condicionados por tópicos y estereotipos, las respuestas de los ciudadanos en ellas relevan sus percepciones y llevan implícitas sus demandas. Ante la formación de un nuevo Gabinete es oportuno hacer una relectura de los Publiscopios realizados durante este año de crisis para extraer de ellos alguna idea sobre lo que los ciudadanos esperan y demandan del Gobierno.

De los resultados de las encuestas se desprenden tres conclusiones generales, aparentemente contradictorias.

La comunicación del Gobierno con los ciudadanos este año ha sido prácticamente nula

Parece claro, en primer lugar, que la gente tiene conciencia viva y dramatizada de la gravedad de la crisis. Incluso puede decirse que tienden a ser más pesimistas, tanto en sus percepciones como en sus previsiones, no sólo que el Gobierno, sino también que los expertos independientes.

En segundo lugar, la gente cree que son necesarios programas de austeridad en el gasto público y reformas de los sistemas de empleo y de seguridad social. Aunque no deja de ser consciente, más o menos borrosamente, de las causas últimas de la crisis, se ha impuesto en su conciencia el discurso neoliberal que esconde en la bruma las causas sistémicas y coloca en primer plano la inevitabilidad de esos programas y esas reformas.

Pero a la vez, en tercer lugar, la gente reacciona con un fuerte rechazo a las medidas del Gobierno que se proponen la reducción del gasto público, la reforma laboral y la reforma del sistema de pensiones. En las respuestas a los Publiscopios encontramos, a renglón seguido de una mayoría que cree indispensables los programas de austeridad, el rechazo global mayoritario de las medidas de recorte del gasto; tras la afirmación de que es inevitable una reforma laboral, el rechazo generalizado de la que el Gobierno ha adoptado; tras el reconocimiento de que es necesario reformar el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad futura, la condena indignada de las propuestas gubernamentales por amplias mayorías

Se espera que el Ejecutivo continúe aplicando los criterios sociales de sus políticas

Ante lo que parece inconsecuencia de la gente, el Gobierno puede decidir ir hacia delante haciendo lo que cree que debe hacer, le cueste lo que le cueste. Es lo que ha hecho hasta ahora. Pero puede también plantearse por qué reacciona la gente como reacciona.

Tras el rechazo generalizado de la política del Gobierno sobre todo por sus propios votantes y quienes podrían votarle hay dos problemas distintos: hay la incomprensión de esa política y hay el desacuerdo con su diseño concreto, con las medidas que en ella se adoptan.

De la incomprensión se queja tanto el Gobierno como la gente. A la gente, que entiende las dificultades por las que pasa el país, le parecen incomprensibles las medidas que toma y aún más las que no toma el Gobierno en esta coyuntura. Nadie se las explica ni las argumenta, quizás porque algunas son difíciles de argumentar convincentemente. Es evidente que la comunicación del Gobierno con los ciudadanos ha sido prácticamente nula durante casi todo este año, y las encuestas lo prueban fehacientemente.

Del desacuerdo hay que descontar el que siempre en mayor o menor grado encontrarán las medidas en los afectados. Es una cuota de rechazo comprensible e inevitable, aunque esa cuota será mayor o menor en proporción inversa a la equidad y el sentido social que se pueda reconocer en los sacrificios que se sufren.

Pero no nos equivoquemos, en el rechazo a las políticas del Gobierno hay algo más y más de fondo que el de esa cuota. Si se examina el detalle en las encuestas, puede verse claramente que el rechazo se condensa en determinadas medidas concretas. De los recortes del gasto, lo único que, en el Publiscopio, concitó el rechazo de una amplia mayoría fue la congelación de las pensiones, y mucho más secundariamente la reducción de la ayuda al desarrollo. De la reforma laboral, el abaratamiento del despido. Y de la reforma del sistema de pensiones, la elevación general de la edad de jubilación.

Esas medidas condensaron el rechazo, a la vez que se aceptaban por mayorías más o menos amplias otras, también lesivas para la población, como la pérdida de ayudas sociales que se otorgaban a todos, la reducción progresiva de sueldos de los funcionarios, la regulación restrictiva de las prejubilaciones, la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones y otras. La subida del IVA y la supresión de deducciones en el IRPF pasaron sin que se produjera la movilización social contra ellas que pretendía el PP. Lo que prueba que se pueden tomar muchas medidas de austeridad, pero que no todo vale.

La oposición de la gente a las medidas rechazadas mayoritariamente tiene dos motivos principales. Primero, son, en general, medidas que afectan a los más débiles, a quienes el Estado debería proteger de las consecuencias de la crisis, y por ello parecen odiosas. Y segundo, vienen a ocupar el espacio vacío de las medidas que deberían recaer sobre los sectores sociales más poderosos, empezando por los principales responsables de la crisis quienes la causaron con la burbuja crediticia y la especulación financiera y se enriquecieron con ello, que se libran inexplicable e injustamente de pagar su parte.

No se espera del Gobierno socialista que cambie el sistema qué más quisiéramos, pero ni puede ni quiere, pero sí que continúe aplicando, también ante la crisis, los criterios sociales que caracterizaron sus políticas por los que le votaron y que explique convincentemente lo que hace y por qué lo hace. Eso es lo que las encuestas le dicen al nuevo Gobierno.