Jesús Merino, vicepresidente de Castilla y León hasta 1999 y luego diputado por el PP hasta su imputación en el caso Gürtel, acudió ayer ante el juez Antonio Pedreira a una táctica insólita para exculparse. Según fuentes jurídicas, Merino adujo que la trama corrupta abría archivos excel a nombre de aquellos a quienes sobornaba. Y que a su nombre no consta ninguno, lo que demuestra razonó que no cobró. Al dar por válida la contabilidad B de la red, el exdiputado pone a los pies de los caballos a aquellos excompañeros del PP que sí contaban con su propia hoja excel. Supuestamente, Merino cobró 250.000 euros de la trama.

Imputado por soborno, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito fiscal, Merino declaró ayer a petición propia ante Pedreira. Durante las dos horas de interrogatorio, el exdirigente del PP fue secretario estatal de Política Autonómica negó todas las acusaciones. El Jesús Merino que una anotación contable de la trama señala como receptor de 50.000 euros es otro Jesús Merino, dijo. Y tampoco es el J.M. que figura en otro apunte relacionado con la adjudicación de la Variante de Olleros a Teconsa.

Según sus palabras, conoce al hoy presidente de las Cortes de Castilla y León y extitular de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, Toti, a quien la Policía atribuye el cobro de un soborno a cambio de la adjudicación de Olleros. Pero su relación con Toti dijo Merino no era 'especialmente brillante'. Pedreira se ha inhibido en ese punto en favor del TSJ de Castilla y León, pero su decisión está recurrida.

Merino enterró en documentos al juez. Los aportó para convencerle de que siempre fueron lícitos los negocios que compaginaba con el escaño. Como ya informó Público, Merino cobró 8,44 millones por asesorar a empresas que optaban a contratos públicos de Castilla y León. Entregó un supuesto contrato con Ros Roca por 130.000 euros y que, según fuentes del caso, estaba redactado en papel sin membrete.

El exdiputado invocó en su favor la doctrina aplicada por la Fiscalía para rechazar una querella contra Bono: si el Ministerio Público consideró entonces que Bono no podía influir de modo decisivo tras abandonar el Gobierno, también debe considerarlo así en su caso, sostuvo.