La información que manejan las Fuerzas de Seguridad sobre la coalición Bildu apunta a que la izquierda abertzale sólo incluirá candidatos limpios en las listas para evitar la impugnación de una sola de las planchas.

La proclamación de las candidaturas tendrá lugar el próximo 25 de abril y al día siguiente serán publicadas, momento en el que Policía y Guardia Civil comenzarán a analizar uno por uno a sus integrantes, independientemente del partido del que supuestamente procedan.

Los investigadores buscarán dos tipos de antecedentes. Por un lado, los que vinculen al candidato con algún cargo en partidos políticos ilegalizados o en listas electorales que no superasen en el pasado el filtro de la Justicia y, por otro, una posible vinculación probada con ETA.

Otros indicios no serán tenidos en consideración, apuntan fuentes implicadas en la investigación. El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya dijo el martes que su departamento va a 'mirar con lupa' las listas de la coalición. Ayer, Bildu se registró como coalición electoral ante la Junta Electoral Central, en Madrid.

La intención de la izquierda abertzale es incluir en las listas de los grandes ayuntamientos y diputaciones candidatos que no hayan concurrido en ninguna de las listas ilegalizadas en el pasado. De conseguirlo, las fuentes consultadas admiten que no habrá posibilidad de impugnar esas listas.

Los candidatos contaminados se reservarán para conformar agrupaciones de electores en aquellas poblaciones donde EA y Alternatiba no tienen representación y se les hace imposible concurrir. La mayor dificultad en la confección de listas de la izquierda abertzale con EA y Alternatiba se está produciendo por el reparto de los puestos y no por el perfil de los candidatos, aseguran otras fuentes.

Con las pruebas que aporte Interior, la Fiscalía General y la Abogacía del Estado tendrán hasta el 7 de mayo, ya con la campaña electoral en marcha, para presentar un recurso de impugnación de candidaturas. La reciente reforma de la Ley Electoral amplió este plazo y los que tienen el Supremo y el Constitucional para pronunciarse.