El dinero robado se puede devolver a su propietario, la droga requisada se elimina, las casas ilegales se tiran abajo. Pero ¿qué hace un juez cuando el cuerpo del delito son cuatro americanas, once trajes, un pantalón y dos abrigos? Esa es la pregunta que ayer se hizo José Ceres, uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), a través de una providencia.

El responsable del brete ante el que se encuentra el juez es Rafael Betoret, uno de los ex altos cargos valencianos condenados en el caso de los trajes, la rama del caso Gürtel en el que también está imputado el expresidente autonómico Francisco Camps. Betoret, exjefe de gabinete de la Conselleria de Turisme, es culpable de haber recibido miles de euros en prendas de vestir de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel. Durante los años en los que Betoret fue obsequiado, quienes le agasajaban con trajes recibieron jugosas adjudicaciones de esa misma Administración.

En julio, cuando el TSJCV anunció que los indicios de delito eran razonables y fundados y que, por tanto, habría juicio, Betoret decidió que ya había oído suficiente. Tanto él como otro de los imputados por los mismos hechos, el exvicepresidente valenciano Víctor Campos, se presentaron ante el juez y se declararon culpables. El precio de tal acción es la consideración oficial de delincuentes. La ventaja es, sin embargo, que ambos se ahorrarán el mal trago del juicio, que se celebrará en diciembre y será, con toda seguridad, muy mediático.

La sentencia que condenó a Betoret le ordenaba pagar una multa de 9.600 euros. Pero también le instaba a devolver la ropa que había recibido como regalo o el importe correspondiente. Betoret ha elegido la primera opción y, consecuentemente, ha puesto ante el juez la colección de prendas que obtuvo como botín durante sus años de estrecha relación con los empresarios del caso Gürtel. En la providencia emitida ayer, el juez enumera las prendas de ropa. También pide a las partes personadas en el proceso incluidas la Fiscalía Anticorrupción, el PSOE regional y el propio Camps que opinen sobre qué hacer con los trajes. En concreto, les da 'cinco días hábiles' para que 'manifiesten el destino que consideran debe darse a las indicadas prendas de vestir'.

Más allá de las peripecias judiciales de los trajes de Betoret, el hecho es que su decisión de declararse culpable complica la situación judicial del expresidente Camps y del otro imputado que queda en la causa, el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa. Se da la circunstancia de que los hechos por los que los ahora condenados eran investigados, y que asumieron como ciertos, eran los mismos que aquellos por los que Francisco Camps y Ricardo Costa tendrán que dar explicaciones a partir del 12 de diciembre ante un jurado popular.

Ese día, la Fiscalía y el PSOE, que ejerce la acusación popular, se afanarán en demostrar que lo que el sumario judicial expone es cierto. Esto es, que Costa y Camps se beneficiaron presuntamente de diversas prendas de vestir que elegían en dos tiendas de ropa de Madrid y que no pagaban, porque los importes quedaban apuntados en una cuenta que periódicamente la trama se ocupaba de saldar.

Por su parte, Camps siempre ha defendido que él pagó sus trajes. Su abogado ha matizado en reiteradas ocasiones que, en el caso de que efectivamente hubieran sido los empresarios los que abonaron las prendas, no habría sido necesariamente por la condición de presidente autonómico de su cliente. Esto pese a que, en los mismos años en los que Camps recibió los presuntos regalos, los dirigentes de la trama Gürtel obtuvieron abultadas adjudicaciones de contratos públicos de la Generalitat.

El expresidente no ha aparecido en ningún acto de la campaña ni la precampaña electoral, y apenas ha sido citado por sus compañeros de partido. Ayer, dos días después de la victoria electoral del PP, su sucesor, Alberto Fabra, lo rescató de ese ostracismo y le dedicó los resultados porque es, dijo, 'una referencia' para el partido.