Las familias de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42, ocurrido en Trab-zon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, coinciden con la defensa y consideran que ya ha llegado el momento de dar por concluida la instrucción del segundo procedimiento penal abierto por el siniestro.

Tanto la Asociación de Afectados por la Catástrofe del Yak-42, como familiares de los 62 militares que murieron y que ejercen la acusación a título individual, han solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que proceda a abrir juicio oral en el caso en el que se investigan las irregularidades que se pudieron cometer en la contratación del aparato. El primer procedimiento, por las identificaciones falsas de los cuerpos se saldó con la condena del general Carlos Navarro y los comandantes médicos que le asistían.

En opinión de los familiares, hay indicios más que suficientes pese a no haberse recibido contestación a las comisiones rogatorias cursadas para abrir juicio oral contra los seis militares imputados en esta segunda causa por 62 homicidios por omisión.

Se trata del que entonces era jefe del Estado Mayor de la Defensa, Antonio Barberá, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Luis Ibarreta, así como Abraham Ruiz López, quien, según la acusación, participó en la redacción y seguimiento de los contratos realizados entre España, la agencia NAMSA de la OTAN y Chapman Freeborn Airmarketing. También figuran imputados los responsables del grupo de control del contrato Alfonso Elías Lorenzo, Joaquín Yáñez y José Antonio Martínez Sáez de Rosas.

El escrito de la asociación que engloba a la mayoría de las familias destaca que España pagó 140.000 euros por el vuelo y el operador final recibió 39.000.

La Fiscalía no responderá hasta la próxima semana al requerimiento librado por el juez Grande-Marlaska, después de que la defensa le instara a poner fin a la instrucción para poder proceder al sobreseimiento y archivo.