'Estamos estudiando medidas administrativas y penales que signifiquen una lucha más eficaz contra la explotación de las mujeres, contra un tráfico tan degradante como ese, que da una imagen del país muy poco edificante'. Con estas palabras ha anunciado hoy el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, su intención de reformar el Código Penal para que la prostitución callejera sea multada y calificada como delito penal.

Para ello, declaró el ministro en un desayuno informativo, Fernández Díaz está en contacto con su homólogo de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que dicha medida forme parte de la inminente reforma de la normativa española. 

Su objetivo es 'endurecer la lucha contra la prostitución',  a través de las multas a las trabajadoras y su tipificación como delicuentes penales. Sin embargo, en cuanto a los clientes que solicitan sus servicios, Fernández Díaz aseguró que multarles, de momento, es sólo una posibilidad más de las que están analizando para 'acabar con ese espectáculo lamentable y degradante'.

'A ninguna persona civilizada le gusta ese espectáculo y todos tenemos que ser conscientes de que hay que acabar con estas conductas', añadió el ministro de Interior.

Fernández Díaz recoge así el testigo que le lanzó el consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, el pasado mes de mayo. En esas fechas, el Govern catalán creó un fichero para identificar a prostitutas y clientes como infractores de la Ley de Carreteras de la Comunidad.

Igual que ocurrió en Catalunya, donde el colectivo de Prostitutas Indignadas organizó una manifestación en Barcelona para protestar por la 'persecución' que recibían por culpa de una ordenanza municipal, ahora las reacciones no se han hecho esperar. 

Así, la asociación de defensa de los derechos de las prostitutas Hetaira, tildó de 'hipócritas' las declaraciones del ministro de Interior. Para una de sus cofundadoras, Cristina Garaizabal, la medida propuesta por Fernández Díaz 'no serviría para erradicar la prostitución porque hay un porcentaje altísimo de ciudadanos que la consumen y no van a dejar de hacerlo nunca'.

En contra de lo que se supone que pretende el Ejecutivo, 'lo único que conseguirán es que se practique en la clandestinidad; es el colmo de la hipocresía, de la doble moral', sentenció Garaizabal.

La portavoz de Hetaira aboga por que 'el Gobierno reconozca que la prostitución es un trabajo', mientras la presidenta de la Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas (APRAMP), Rocío Nieto, se mostró a favor de endurecer las penas para 'las conductas que alienten la trata de seres humanos con fines de explotación sexual'.

Por ello, Nieto reivindica la 'persecución de los prostituidores' y la calificación de las trabajadoras como 'víctimas de trata a las que hay que ofrecer todos los mecanismos para que puedan salir de las redes que las explotan'.