La resolución que legaliza Sortu, conocida este miércoles, facilitará previsiblemente una inminente renovación del Tribunal Constitucional, pendiente desde hace más de año y medio, al eliminarse uno de los escollos que parecían detener ese cambio de caras establecido en la Constitución. Pero, al mismo tiempo, profundizará en la división de la que los magistrados del alto tribunal hacen gala cuando los asuntos que discuten huelen a política.

En un asunto de alto calado político como el aval a marcas de Batasuna como Bildu o Sortu, el Constitucional ha repetido en sus votaciones el marcador de 6-5, reflejo casi milimétrico de las opiniones formuladas más o menos veladamente por el partido político que promovió a cada cual, PSOE o PP respectivamente. Decimos casi por el catedrático Manuel Aragón, aupado al tribunal por un Gobierno socialista pero compañero en estas votaciones, o en la del Estatut catalán, de los magistrados denominados conservadores.

Según fuentes de PSOE y PP, la renovación se acelerará a partir del próximo día 28, fecha tope que el presidente del Congreso ha señalado para que los distintos grupos parlamentarios propongan nombres de juristas para el alto tribunal. El asunto estaba estancado desde noviembre de 2010, entre acusaciones de bloqueo recíprocas de los dos principales partidos. El PSOE no quiere que se le quede la cara de tonto de ceder ahora al Gobierno lo que los populares convirtieron en un calvario de negociaciones cuando eran oposición en la pasada legislatura.

Deben ser renovados por la Cámara Baja Javier Delgado (propuesto en su día por el PP), y Eugeni Gay (avalado por PSOE y CiU) y Elisa Pérez Vera (por el PSOE). Y además, cubrirse la baja, pendiente desde hace años, que quedó vacante por el fallecimiento en 2008 de Roberto García Calvo, también nombrado con el aval de los populares.

Los cuatro magistrados fueron nombrados en 2001, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta. Por lo que puede colegirse que el reparto -jerga que no gusta a los políticos pero que define a la perfección como afrontan estas negociaciones-se repetirá en esta ocasión.

Eso llevaría a una composición del Tribunal integrada por siete magistrados de tendencia progresista, y cinco conservadores, con la particularidad de que, entre los primeros, figura Manuel Aragón, alineado en ocasiones relevantes con el otro bloque. Ello implica que sea importante quien presida la institución en la próxima etapa, ya que goza de voto de calidad para resolver empates. Pero será una decisión del tribunal tras su renovación.

Como las renovaciones parciales del tribunal (cuatro magistrados cada tres años) acumulan años de retraso, la siguiente a ésta se realizará en 2013, y no debería demorarse porque corresponde al Gobierno de turno (dos magistrados) y al Consejo General del Poder Judicial (otros dos).