Los ciudadanos tendrán que desembolsar a partir de ahora entre 100 y 1.200 euros en concepto de tasa por plantear determinados pleitos judiciales. El Gobierno envío hoy a las Cortes un Proyecto de Ley de tasas judiciales que eleva considerablemente las cuantías (de 50 a 750 euros), y amplía la exigencia del pago a las personas físicas, y no sólo a las jurídicas como ocurría hasta ahora.

El Ministerio de Justicia espera ingresar con la subida 306 millones de euros al año, frente a los 164,4 millones que se embolsó en 2011. Justifica la medida en la necesidad de asegurar, con el dinero recaudado, el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar.

 Sin embargo, los abogados españoles han rechazado la nueva regulación y entienden que perjudicará a las personas con menos medios económicos. El Consejo General de la Abogacía, a través de su presidente, Carlos Carnicer, ha manifestado su rechazo enérgico al proyecto. 'No es admisible incorporar en nuestro Estado de Derecho una balanza en la que se coloque en un platillo el derecho fundamental a la Defensa y en el otro el pago de una tasa. El derecho a la Defensa, fundamental y de relevancia constitucional, resulta imprescindible para la pervivencia del Estado de Derecho y las tasas no pueden oponerse como recurso necesario para pagar a los abogados que prestan el servicio de Justicia Gratuita. Esto es enfrentar a los ciudadanos con la Abogacía de forma injusta'.

Además, el presidente de la Abogacía Española manifiesta que 'se introduce un criterio peligroso sobre el coste social de la Justicia Gratuita, el último recurso para hacer valer sus derechos fundamentales de quienes no tienen, en muchos casos, ni trabajo, ni medios, ni esperanza'. 'El gasto en Justicia Gratuita es una inversión en paz social y su regulación puede ser mejorada, nos hemos ofrecido al diálogo reiteradamente, pero no debería ser presentado como excesivo. No lo es porque apenas representa un 6,5 por ciento del gasto en Justicia y porque afecta al corazón del Estado de Derecho y debería ser financiado desde los Presupuestos, como está legalmente establecido, y no desde tasas especiales', añade.

El Proyecto de Ley ha incorporado alguna de las recomendaciones realizadas por el Consejo General del Poder Judicial, que aprobó un informe contrario al plan del Gobierno de ampliación y subida de la cuantía de las tasas. Así, ha establecido la devolución del 60 por ciento de la tasa cuando se alcance una solución extrajudicial del pleito.

El nuevo sistema incorpora por primera vez las tasas en la jurisdicción laboral o social, aunque sólo en la segunda instancia (500 euros) y en la casación (750). Los juicios ordinarios en lo Civil pasan de una tasa de 150 euros a 300, la apelación de 300 a 800 euros, y la casación, de 600 a 1.200. En lo contencioso-administrativo --pleitos contra la Administración--, el proceso ordinario exigirá el pago de una tasade 350 euros --hasta ahora eran 210--, pasando la apelación de 300 a 800, y la casación, de 600 a 1.200. En la jurisdicción penal seguirá sin haber tasas.

 El Ministerio de Justicia destaca que ha tenido especialmente en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, establecida en febrero de este año, que confirmó la constitucionalidad de las tasas como medio de financiación de la Administración de Justicia.