'La Iglesia debe estar al lado del pueblo y si el pueblo llega a una resolución así, llega desde la democracia y con deseo de paz y de entendimiento y de todo, yo creo que la Iglesia debe servir este pueblo'. Las palabras ayer en Catalunya Ràdio de Sebastià Taltavull, prelado auxiliar de Lluis Martínez Sistach, el cardenal arzobispo de Catalunya, asegurando que la Iglesia catalana, llegado el caso, apoyaría un proceso de independencia, no deberían sorprender a nadie.

Los obispos catalanes han exigido públicamente desde el fin del franquismo respeto hacia la realidad política y social de Catalunya y se han mantenido firmes ante los constantes intentos de la Conferencia Episcopal Española (CEE) -y la COPE y demás derecha mediática- por acallar sus expresiones catalanistas.

Las declaraciones de Taltavull, de hecho, no parecen ser más que otra respuesta a la nota final que emitió la CEE a principios de octubre después de la reunión de la Comisión Permanente.

En ella, los obispos decían desde Madrid reconocer 'en principio, la legitimidad de las posturas nacionalistas verdaderamente cuidadosas del bien común', aunque denunciaban la 'propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de esta unidad' y exhortaban 'encarecidamente al diálogo entre todos los interlocutores políticos y sociales. Se debe preservar el bien de la unidad, al mismo tiempo que el de la rica diversidad de los pueblos de España”.

Apenas tres días después de que se cerrara dicha comisión, los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense publicaban su propia nota sobre las elecciones al Parlament el próximo 25 de noviembre ofreciéndose a'continuar sirviendo a la sociedad catalana [...] reconociendo los cambios profundos, sociales y culturales que se han producido en los últimos años y también los que se están produciendo en estos últimos meses'. 

Asimismo, reclamaban el 'derecho de cada ciudadano a poder manifestar las propias convicciones' y recordaban sus palabras hacía justo un año: 'Hoy se han manifestado nuevos retos y aspiraciones, que afectan a la forma política concreta en la que el pueblo de Catalunya debe articularse y cómo se quiere relacionar con los demás pueblos hermanos de España, en el contexto europeo actual. Como pastores de la Iglesia, no nos corresponde a nosotros optar por una determinada propuesta a estos nuevos retos, pero defendemos la legitimidad moral de todas las opciones políticas que se basen en el respeto de la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos y que busquen con paciencia la paz y la justicia'.

Esa postura, recogida en la declaración Al servei del nostre poble de enero de 2011, servía para conmemorar el 25 aniversario del documento emitido por el episcopado catalán titulado Arrels cristianes de Catalunya (Raíces cristianas de Catalunya) en 1986.

En ese documento, definido como una 'orientación' para explicar a los cristianos catalanes los rasgos identificativos de Catalunya, los obispos ya enumeraban como problemas 'la deficiente educación histórica y política que se ha dado ya desde la escuela'; 'el desconocimiento de la identidad catalana'; y 'la adscripción que de esta identidad hacen algunos a la idea de división, de extremismo o, incluso, de cosa sospechosa desde el punto de vista religioso'.

Los obispos hablaban del 'hecho catalán' diferenciando los conceptos de nación y Estado y reclamaban 'una adecuada estructura jurídico-política' que beneficiara 'al reconocimiento de la nacionalidad, con sus valores y prerrogativas'.

Ironías de la vida, en ese mismo texto, la Conferencia Episcopal Tarraconense deseaba que fueran 'principalmente nuestros hermanos católicos de otros pueblos de España los primeros en comprender y acoger estas aspiraciones'. Es obvio, viendo la nota final de la Comisión Permanente de la CEE, que esto no ha sido así.

Ya en 1975, el mismo episcopado, había publicado otro documento titulado Nota sobre la cultura catalana y no hace tanto, en el año 2000, el entonces obispo de Solsona, Jaume Traserra, se atrevió a cargar en público contra el cardenal Ricard Marià Carles por haber comenzado una purga para quitarse de enmedio a los miembros más progresistas y nacionalistas de la diócesis.

Aquello terminó con una cascada de dimisiones y manifestaciones de fieles pidiendo obispos catalanes. El arzobispado quedó completamente paralizado y la CEE tuvo que pedir auxilio al Vaticano para salir de la crisis abierta en Catalunya.

En este contexto, el obispo de Solsona, monseñor Xavier Novell, el más joven de España, explicó este martes que 'si Catalunya fuera un país independiente, afectaría a la Iglesia Católica catalana porque probablemente este país desearía tener relaciones diplomáticas con la Santa Sede, y probablemente la Santa Sede tendría que pensar la posibilidad de crear una Conferencia Episcopal propia de un país nuevo'.

Novell recordó que la independencia también afectaría a la financiación de la iglesia catalana: 'Los impuestos de los ciudadanos están vehiculados a través de la Hacienda española, que entrega el dinero a la Conferencia Episcopal Española, que, a través de una fórmula que está pactada por todos los obispos de España, se distribuye proporcionalmente a las diócesis'.

El obispo reafirmó las palabras de Altavull y como ha hecho en más ocasiones recalcó que 'sobre la organización política de un país, la Iglesia no tiene ninguna opción previa. Por lo tanto, aquello que democráticamente deciden los ciudadanos se tendrá que reconocer porque nuestra misión no es organizar políticamente la sociedad, sino acompañar a la gente a encontrar un sentido en la vida'.