El compromiso está ahí. Algo vago, algo impreciso, pero está ahí desde el mismo arranque de esta IX Legislatura. Estudiar los posibles cambios de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Una norma aprobada en 1985 pero cuyas líneas cardinales se hallaban ya grabadas en la Ley para la Reforma Política de 1976 y que la Constitución galvanizó en 1978.

Se lo prometió el presidente del Gobierno en su debate de investidura a Gaspar Llamazares, el líder de la fuerza más lesionada por el sistema electoral, Izquierda Unida. Y lo refrendó el miércoles la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, en el Congreso. Por lo pronto, la Moncloa reclamará al Consejo de Estado, y “con carácter inmediato”, un informe sobre las vías de revisión de la LOREG. De forma paralela, se creará una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional de la Cámara baja.

A partir de aquí, el escenario está más que abierto. Todas las posibilidades, a debate. Ningún partido se atreve a adelantar qué cirugía de la ley convencerá a los demás. Ni en qué plazo. Ni siquiera se garantiza la premisa más obvia: si habrá o no reforma, si triunfará la voluntad de cambio o se estrellarán los deseos, como ocurrió el 24 de mayo de 2006. Ahí concluyó la discusión de la LOREG la pasada legislatura, antes de que naciese la subcomisión parlamentaria.

El camino de la revisión tropezará con seguras dificultades. Las determinan las posiciones encontradas de las fuerzas políticas. Y también una palabra que está en boca de todos, sin excepción: el consenso. En letras grandes. Gigantes. Sin él, la reforma está abocada al absoluto fracaso.

“No es fácil, pero por primera vez el Gobierno ha dado un paso al frente al remitirse al Consejo de Estado, y la sociedad tampoco está cómoda con la ley. Las condiciones son más favorables hoy que nunca antes, y para acometer los cambios dentro de la Constitución”, relata Llamazares a Público, mitad confiado, mitad escéptico. IU-ICV, tercera fuerza en votos el 9-M (969.871, 3,77%) sólo se ha quedado con el 0,57% de los 350 escaños del Congreso. Su representación es, pues, seis veces menor a la que le correspondería.

El líder de IU ha apalabrado con De la Vega una reunión para cuando ésta regrese de Níger. “Le pediremos que entre los criterios que rijan la solicitud al Consejo de Estado figure la mejora de la representatividad y un calendario. Si no, la convicción del Gobierno no será creíble”. Llamazares exige que la respuesta del órgano consultivo esté lista en seis meses, de modo que “en un año” la discusión de la LOREG estuviera “muy avanzada”. “Al final, dependerá de lo activo que sea el PSOE”.

Los socialistas prometen que sí. Que están abiertos. “Voluntad, tenemos. Merece la pena intentarlo, ajustar la proporcionalidad, corregir las deficiencias de un sistema que ha funcionado razonablemente bien”. Elviro Aranda, vicepresidente de la Comisión Constitucional, evita precisiones. Son malas, dice, porque “predeterminarían el debate”. “La ampliación a 400 escaños, como propone IU, es un colchón posible. Pero hay que ir con tranquilidad, discutiendo alternativas y sin llegar a un modelo que genere disfunciones”. ¿Sin perjudicar a PSOE y PP, por tanto? “No se trata de andar con la calculadora, sino de fortalecer la democracia y
no dejar a nadie en el camino”.

En el PP se rema con las mismas cautelas. “Siempre que se mejore, es positivo”, apunta José Antonio Bermúdez de Castro, vocal de la Comisión. “Pero pediremos tres condiciones: que la reforma concite casi la unanimidad, que no obedezca a intereses particulares y que se acuda a la subcomisión sin apriorismos”. No toca pronunciarse ahora, añade, sobre las ofertas, ya más concretadas, de IU, BNG y UPyD. “Hay que aguardar a la ponencia”.

Mayores recelos revelan los nacionalistas. Temen que al final la metamorfosis de la ley les acabe arrollando. Se abren a debatir, no a transigir.

Sus propuestas tampoco son concurrentes. CiU mantendría la provincia como circunscripción, y no la autonomía, como cree el BNG. Y busca que gobierne la lista más votada. En los ayuntamientos, vía reforma de la LOREG, y en las CCAA, por medio de un “compromiso ético” de los partidos. Eso exportará Jordi Xuclà a la subcomisión. “Si se decide minar la representación nacionalista”, advierte, “causará un gravísimo perjuicio, se alimentará el separatismo”.

El diputado convergente refuta, como Aitor Esteban (PNV) o Paco Jorquera (BNG), la ampliación del Congreso a 400 escaños. “Sólo se entiende si se quiere repartir canonjías o restarnos peso. IU yerra en el diagnóstico si achaca todos sus males a la ley”, defiende Esteban. Ana Oramas (CC) admite la necesidad de “ajustes”, sin que “dañe” a los nacionalistas.

IU remacha que sólo pretende “resituar” a PP y PSOE. Pero quien sí plantea abiertamente el recorte del “poder desmesurado” de las fuerzas no estatales es UPyD. “No queremos echarles, sí dejarles el papel que deben tener, y no es el de bisagra”, esgrime Mikel Buesa.

El consenso se prevé difícil. Arduo. Al cabo, dicen todos los grupos, “son las reglas del partido, y con ellas no se juega”.