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Aguirre llama a la "rebelión" contra la subida del IVA

La presidenta de Madrid vuelve a ir por libre y se propone recoger firmas y realizar charlas informativas contra la subida del impuesto

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Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado en varias ocasiones que no tiene intención de quitarle la silla a su jefe de filas, Mariano Rajoy, no pierde la ocasión de demostrar que es ella la que hace una oposición más dura al Gobierno. La última llegó ayer, al anunciar que el PP madrileño, que ella misma preside, va a promover en los próximos meses 'una campaña de rebelión contra la subida del IVA'. La bajada de impuestos es una de las condiciones indispensables de los conservadores para firmar un pacto anticrisis.

Según informó Esperanza Aguirre en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP madrileño, la campaña se pondrá en marcha para el próximo trimestre, antes de que en julio la subida del impuesto se haga efectiva. Cree la presidenta de la Comunidad de Madrid que la medida 'afectará muy negativamente la marcha de la economía', de ahí, la iniciativa. Lo que no dijo en su comparecencia ante la prensa es que el 50% del IVA que se recaude en Madrid irá a parar a la Comunidad.

Los socialistas exigen a Aguirre que huya de la demagogia

Cuidándose mucho de que pueda trasladarse a la opinión pública la idea de la insumisión de Madrid a las leyes nacionales (ver recuadro), Aguirre insistió en que su rebelión será 'pacífica', 'no contra el pago'.

Aunque admitió que su idea está todavía en fase muy inicial, adelantó que la campaña consistirá en charlas informativas por los distritos, recogida de firmas y actos de partido contra la subida del IVA. Todo, para que el Ejecutivo renuncie a este incremento del 16 al 18%.

Los ecos de esta propuesta del PP de Madrid llegaban al Congreso de los Diputados, donde se celebraba la sesión de control al Gobierno mientras Aguirre trazaba sus planes de rebelión. Se convirtió en la protagonista ausente.

La Comunidad denuncia una persecución de la Fiscalía

Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, en estos momentos de crisis, uno de los problemas 'más graves' de la economía es que los autónomos y los pequeños y medianos empresarios 'no pueden hacer frente a sus pagos porque ellos no reciben el pago por los servicios que han prestado y por lo que se les debe'. Por ello, instó al Gobierno a cumplir con la proposición, aprobada por el Congreso de los Diputados en la que se establece que 'el IVA debe pagarse con el criterio de caja y no de devengo'.

Además de anunciar el lanzamiento de esta campaña, el Comité de Dirección del PP madrileño hizo balance de los dos años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 'Desgraciadamente [para Madrid] no ha cambiado nada la doctrina de la anterior legislatura. Seguimos con cero euros de obra pública. Cero, patatero, Zapatero', se quejó.

La 'rebelión' del PP madrileño caló en las filas socialistas. Mientras la vicepresidenta Elena Salgado exigió a Aguirre que abandonase la demagogia, el ministro de Fomento, José Blanco, calificó en 59 segundos (TVE) de 'populismo exacerbado' la campaña. Y el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, la retó a renunciar al 50% de los ingresos por el IVA.

La misma rueda de prensa también permitió a Aguirre denunciar maniobras de 'hostigamiento' por parte de la Fiscalía. El secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, calificó de 'esperpéntica' la decisión de la Fiscalía Provincial de Madrid de abrir diligencias para determinar si la Comunidad ha incurrido en un delito por el estado de la peligrosa carretera M-607.

Para él, este episodio, junto a las actuaciones de la Fiscalía en casos como el del hospital Severo Ochoa, Ciempozuelos, Pinto, o el espionaje, ponen de manifiesto que existe la 'voluntad' de 'interferir y dañar' a la Comunidad. Por ello, sus servicios jurídicos van a estudiar el caso y no se descartan querellas.

Por otra parte, ayer se vivió la enésima batalla entre Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. La falta de acuerdo sobre la gestión de las ayudas en materia de rehabilitación impidió la firma de cuatro acuerdos con el Ministerio de Vivienda que afectarían a 3.441 casas.