Los regalos que la trama Gürtel hizo presuntamente a Francisco Camps son sólo la punta del iceberg de una fluida relación entre los empresarios y la Administración autonómica, documentada en el sumario del caso Gürtel. La resistencia de la Generalitat Valenciana a mostrar los expedientes completos de las adjudicaciones públicas a empresas de la red, pese a las reiteradas solicitudes de los grupos de la oposición, hace imposible conocer la cantidad total del dinero que se embolsaron los empresarios liderados por Francisco Correa, imputado por blanqueo de capitales, entre otros delitos.

En el mismo periodo en el que Camps fue supuestamente agasajado con trajes, los mismos empresarios que abonaban la cuenta en la tienda de ropa resultaban adjudicatarios de grandes contratos en la Administración que Camps dirige. Orange Market, la filial de la trama en Valencia, se hizo con el contrato de montaje del stand del País Valencià en la feria Fitur a lo largo de cinco ediciones, desde 2005 hasta 2009.

Según un informe policial, el primer año la empresa obtuvo la adjudicación de forma irregular, gracias a la información filtrada desde correos electrónicos de la Conselleria de Turisme. En 2009, la consellera Angélica Such reconoció que la empresa obtuvo el contrato pese a tener la oferta más cara, y pese a que el aspecto económico era el criterio que más importancia tenía en la selección.

Además de Fitur, Orange Market resultó adjudicataria de contratos en relación a otras ferias, como Feria TVC, Expovacaciones, SITC e Intur. Gracias a los trabajos realizados en estos certámenes, la empresa se embolsó 6.917.380 euros desde 2005 a mayo de 2009, según afirma el auto que emitió ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), por el que se ordena la apertura de juicio contra Francisco Camps.

La investigación judicial ha mostrado que la Administración procuró otros lucrativos negocios a la trama. Un informe policial reveló que con ocasión de la visita del papa a Valencia en 2006, la trama corrupta obtuvo casi tres millones de euros en comisiones procedentes de las arcas de la televisión valenciana, gracias a su labor de intermediación entre el ente público y una de sus contratas, Teconsa. El contrato por esta visita sumó los 6,4 millones, por lo que la cifra global que se adjudicó la red ronda los 14 millones.

La oposición valenciana calcula, además, que la Generalitat pudo adjudicar una gran cantidad de dinero a la trama a través de contratos menores, para los que la ley no obliga publicidad ni concurrencia. El grupo Compromís solicitó esta información a la Conselleria d’Economia a través de 1.508 peticiones de expedientes de contratación. La respuesta fue una negativa, con el argumento de que la documentación estaba bajo secreto de sumario. A principios de junio, el TSJCV emitió una condena por la que obliga a la Generalitat a mostrar esos contratos. La Administración recurrió el fallo.