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Las ayudas de la ley sólo llegan a uno de cada tres dependientes

Andalucía, La Rioja, Murcia, Aragón y Catalunya lideran la clasificación de comunidades con mayor implantación de la norma. Madrid, Canarias y Valencia son las que menos ayudas dan 

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En España hay 1.173.764 personas que pueden acogerse a las ayudas de la Ley de Dependencia. Un año y medio después de aprobarse la ley, 345.274 personas (un 29,41%) ya se benefician de ellas. Andalucía lidera el ranking en grado de asistencia a sus dependientes. Un 48,7% ya goza de ayudas. Le siguen La Rioja (47,2%) y Murcia (40%).

A la cola está Madrid, en solitario. Sólo un 11,8% de los dependientes que viven en esa comunidad se benefician de la norma. Aunque también Canarias (atiende a un 13,7% de sus dependientes), Illes Balears (19,1%) y la Comunitat Valenciana (21%) están por debajo de la media.

La secretaria de Estado de Atención a la Dependencia, Amparo Valcarce, desglosó el grado de aplicación de la ley y junto a Andalucía y La Rioja felicitó la labor de los gobiernos de Catalunya, Asturias y Extremadura por su “ cobertura elevadísima”.

Pero existen otros factores a tener en cuenta a la hora de evaluar a las comunidades. Pura García, secretaria de Política Social de CCOO, asegura que Murcia, la segunda comunidad con más cobertura, incumple la ley al dejar en manos de empresas subcontratadas la valoración de sus dependientes. Lo mismo sucede con Valencia.

Las comunidades prefieren destacar la relación entre las solicitudes recibidas y las ayudas concedidas para escalar posiciones en el ranking estatal. CCOO y UGT explican que el volumen de solicitudes responde al tipo de facilidades para inscribirse que da cada comunidad. Por ejemplo, el número de puestos de información. Valcarce explicó que aunque la ley prevé una evaluación de su implantación para 2010, el ministerio prepara otra evaluación previa “para garantizar la calidad del sistema y la aplicación igualitaria en todas las autonomías”.

De hecho, autonomías y Gobierno aún tienen que consensuar dos puntos clave de la norma, el copago (la cantidad que los beneficiarios de las prestaciones y ayudas deberán aportar) y los requisitos que deberán cumplir los centros que asistan a los dependientes.

Estos aspectos son básicos para el buen funcionamiento de la norma, según los sindicatos, y aún están pendientes de aprobar en el Consejo Territorial del pasado mes de julio. Valcarce explicó que las comunidades, con quienes se reúne hoy el ministerio, ya tienen un documento previo para ir aproximando posturas. “Debe primar el consenso”, aseguró la secretaria de Estado.

La entrada en vigor de la Ley de Dependencia, en enero de 2007, ha supuesto la creación de 69.464 puestos de trabajo, según destacó ayer Amparo Valcarce. La secretaria de Estado de Atención a la Dependencia destacó que en los ocho primeros meses del año la creación de puestos de trabajo ha crecido (un 15%) cuatro puntos por encima de lo que aumentó el año anterior. El ministerio confía en cumplir las expectativas del Libro Blanco de la Dependencia, un trabajo exhaustivo sobre este sector que estima que en 10 años se crearán unos 300.000 empleos.

De los casi 70.000 trabajos creados, entre los que hay cuidadores, médicos, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros, 24.205 corresponden a los familiares de personas dependientes que han sido dados de alta en la Seguridad Social. De éstos, la mayoría, un 53,08% se han creado en Andalucía. Apenas el 0,08% corresponden a Madrid.

La inmensa mayoría de cuidadores no profesionales que han empezado a cotizar por ello son mujeres: 22.863, frente a los 1.227 hombres. Otro dato relevante de su perfil es que tienen entre 45 y 50 años: 11.327 se sitúan en esta franja de edad.