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El 'caso Umbra' destapa un pelotazo del gerente de Urbanismo

Fianza para el número dos de la concejalía urbanística de Murcia y los otros dos detenidos

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Alberto Guerra, gerente de Urbanismo de Murcia y detenido el martes, logró en 2005 un beneficio superior a 600.000 euros gracias a la recalificación de unos terrenos que había comprado en el municipio de Ulea junto con el abogado Higinio Pérez Mateos, igualmente arrestado. Según fuentes de la investigación del caso Umbra, fue Pérez Mateos, vinculado al alcalde de Ulea (PP), quien negoció el convenio recalificatorio. Poco después de que, con la venta de esos terrenos, ambos y sus esposas obtuvieran una plusvalía conjunta superior a 1,2 millones de euros, Pérez Mateos firmó con el Ayuntamiento de Murcia (PP) uno de los seis convenios ahora investigados. El abogado y empresario actuó en representación de las cuatro empresas que, en mayo de 2005, consiguieron que el ayuntamiento les otorgase un plus de edificabilidad cifrado en 138.813 metros cuadrados en el norte de la ciudad. A cambio, garantizaban la rehabilitación del Casino de Murcia.

Anoche, tanto Alberto Guerra como Higinio Pérez Mateos quedaron en libertad bajo fianza: de 100.000 euros en el caso del abogado y de 70.000 en el del gerente. El tercer detenido el martes, el ingeniero Renato del Noce, no irá a prisión si paga los 120.000 euros impuestos por el juez. A los tres se les atribuye un delito de cohecho (soborno). Del Noce también está vinculado al convenio del Casino. Los investigadores creen que en la rehabilitación del edificio se inflaron facturas.

En el sumario, declarado secreto por el juez de instrucción número 8 de Murcia, hay ya diez imputados, entre ellos el edil de Urbanismo, Fernando Berberana, y el presidente del Murcia, Jesús Samper. Basándose en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), quienes conocen el caso sospechan que el ayuntamiento perdonó más de 300 millones de euros a los firmantes de los seis convenios investigados. Presuntamente, el consistorio infravaloró el precio del suelo conveniado, de forma que las compensaciones exigibles a los beneficiarios de los convenios se vieron mermadas.