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Catalunya se prepara para olvidarse de las provincias

Las administraciones preparan una ordenación territorial más ajustada a la realidad del país

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Catalunya está cerca de superar la división en cuatro provincias (Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona) que en 1833 trazó Javier de Burgos. El Estatut, que lentamente se despliega, contempla racionalizar la ordenación territorial recuperando las veguerías del siglo XII. Las fuerzas políticas catalanistas (que se mueven entre el entusiasmo de ERC y los recelos del PSC) avanzan en las conversaciones para que, en Catalunya, las provincias y sus gobiernos, las diputaciones, se esfumen y las siete veguerías -ver mapa-sean una realidad en breve.

Según el conseller de Gobernación y Administraciones Públicas, Jordi Ausàs, de ERC, creándolas se espera acercar la Administración al ciudadano sin engordarla, dinamizar regiones y dar coherencia al entramado institucional. Tendrán un veguer al frente y las regirá el consejo de veguería, escogido en función de las elecciones municipales, como hasta ahora los diputados provinciales. El conseller explica que los nuevos entes, 'sin problemas de encaje en la Constitución', asumirán las competencias de las diputaciones y parte de las de los cuarenta consejos comarcales. Estos últimos los creó el Govern de Pujol en 1988 y ahora se quieren despolitizar convirtiéndolos en mancomunidades de servicios donde estén los alcaldes y no quienes elijan los partidos.

Ausàs argumenta que la estructura de la Generalitat en el territorio ya se ajusta a las veguerías, que fijarán como capitales Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona, La Seu d'Urgell, Tortosa y Manresa. Algunas delegaciones del Govern, como la de Terres de l'Ebre, funcionan y van a toda máquina desde que gobierna el tripartito. Otras están arrancando.

Las provincias desaparecerán en Catalunya pero no fuera. Seguirán existiendo para la Administración periférica del Estado y como circunscripción para las Cortes. En las próximas elecciones catalanas las veguerías deberían ser circunscripciones. Ausàs tiene mandato de pactar una ley electoral (Catalunya no tiene) y ya hay borradores. El problema es que los intereses de CiU y PSC son contrapuestos por la distribución geográfica de su voto. El dilema es ponderar proporcionalidad y equilibrio territorial.

Sobre las veguerías hay buen tono, pero quien más reparos pone es la todopoderosa Diputación de Barcelona, que controla el PSC y se resiste a partirse, pese a que lo hace con menos intensidad que cuando Celestino Corbacho la dirigía. Lleida y Girona, presididas por ERC con apoyo socialista, no ponen pegas y Tarragona (CiU-PP), tampoco. De hecho, la de Terres de l’Ebre podría empezar a funcionar ya como prueba piloto.

Pese a confiar en lo “útil” del proceso, el presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, avisa de la “complejidad legal” si se va muy allá y hace notar dificultades con el personal y los medios (redes de bibliotecas o museos). Considera que lo más cómodo sería “crear consorcios” y preservar la gestión unificada. Espera que no todo sea para acabar con una estructura que, Ausàs lo comparte, “ha hecho buena labor”. Fogué, que se ve de veguer, no olvida recordar que se está ante una ocasión de mejorar la financiación local y reforzar la personalidad del área metropolitana de Barcelona.

Cuando el conseller amarre el acuerdo en Catalunya deberá cerrar detalles en Madrid. Hace unos días se reunió con la titular de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y le dio cuenta de sus pasos. Fuentes del ministerio explican que aún no se han planteado nada y están a la espera. El Estado se deberá adaptar a la nueva estructura para, por ejemplo, repartir fondos locales. Las dudas surgen ante los cambios de límites provinciales, a resolver por ley orgánica.

Y es que las veguerías no se ajustan con exactitud a las fronteras provinciales. El caso más evidente es el Solsonès. La comarca es de Lleida pero su capital de referencia es Manresa. Sus municipios deberían pasar a Barcelona para, después, encuadrarse en la veguería de la Catalunya Central. Más de lo mismo para la Cerdanya, con municipios en Lleida y en Girona. Las particularidades no acaban ahí porque la Val d’Aran, culturalmente occitana y que tiene sus propias instituciones, reclama más autonomía. Ausàs está por la labor de que, por ley, la tenga y pese a integrar una veguería ejerza competencias al margen y tenga relación bilateral con el Govern, que reconoce su lengua y acervo.

Esquerra se apuntarán el tanto de disolver las diputaciones pero han rebajado expectativas optando por lo políticamente posible. Cuando en 2003 llegaron a la conselleria querían borrar las provincias a todos los efectos y que el consejo de veguería o el veguer se eligieran en otra urna en las municipales como los junteros vascos. Sea como sea, Catalunya dejará atrás una distribución provincial a la que sigue sin acomodarse.

El Penedès también aspira a veguería (sería la octava) atendiendo a motivos históricos (quedó dividido por las provincias primero y las comarcas después), económicos y sociales. ERC y la inmensa mayoría de ayuntamientos de las comarcas ahora barcelonesas de Alt Penedès, Garraf y Anoia y la tarraconense Baix Penedès lo comparten con Vilafranca como capital. Deberán esperar porque, se justifica Ausàs, sólo hay consenso en torno a siete. El PSC no acepta una tercera partición de la Diputación de Barcelona y crear un nuevo ámbito cuyo color político sería una incógnita. La nueva ley de administración local abrirá pero la puerta a nuevas veguerías “si hay acuerdo”. La reivindicación de una novena, en este caso la del Alt Ter (Osona-Ripollès), ha perdido fuelle y apoyos.