Publicado: 10.07.2015 23:50 |Actualizado: 10.07.2015 23:50

Carlos Macías: "El Estado será incapaz de solucionar el problema de la vivienda con el PP en el poder"

El portavoz de la PAH aspira a participar en el diseño de la política pública de vivienda y aboga por seguir presionando a la administración para que se detengan los desahucios

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Carlos Macías

BARCELONA.- La llegada al poder local de candidaturas de confluencia de la izquierda facilita las vías de interlocución y colaboración entre los ayuntamientos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Con todo, su portavoz, Carlos Macías, tiene claro que el movimiento debe seguir presionando a la administración para conseguir sus objetivos, básicamente que se detengan los desahucios y se garantice el realojo de todas las familias. Macías, que sustituyó como portavoz a la ahora alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, espera que a final de mes el parlamento catalán apruebe la ILP de la vivienda, que ve como un “plan de choque para poner fin a la emergencia” habitacional.



Pregunta: ¿La PAH ha notado algún cambio significativo con los nuevos ayuntamientos?

Se notan pequeños grandes cambios. En Barcelona, por ejemplo, se convocó la comisión mixta sobre lanzamientos y teníamos claro que no queríamos ir a hacer el paripé, sino para trabajar en el diseño de las políticas públicas de vivienda y en la revisión de protocolos, lo que ya se había pedido al anterior gobierno y no lo hizo. Y con el nuevo gobierno se ha decidido hacer tres grupos de trabajo en la comisión: sobre el protocolo de la mesa de emergencia de desahucios, sobre pisos vacíos y sobre revisión de los protocolos de servicios sociales, de vivienda, y de los jueces. Se nota predisposición, pero lo que queremos es que se empiece a trabajar ya en los temas y no dentro de seis meses. También hemos notado el cambio con el caso del bloque de la Bordeta [un bloque del barrio de Sants, ocupado por la PAH hace cinco meses y sobre el que hay una orden de desalojo]. Durante el gobierno de Trias hubo la primera orden de desalojo y pedimos al ayuntamiento que escribiera al juzgado para que lo paralizara, pero la respuesta fue cero. Ahora, con la nueva orden, hemos vuelto a escribir y en dos o tres días ya teníamos un escrito del ayuntamiento presentado a juzgado pidiendo que se detuviera el desalojo durante dos meses para poder buscar una solución.

P. ¿Se exige lo mismo a todos los ayuntamientos?

Exigimos más o menos lo mismo, pero hay situaciones diferentes, porque hay ayuntamientos donde no existe una mesa de emergencia para desahucios o que no tienen oficina de vivienda. Lo que sí reclamamos a todos los ayuntamientos es la movilización de los pisos vacíos, porque todos lo pueden hacer. También pedimos que busquen mecanismos para detener desahucios, que se movilicen y consigan acuerdos con juzgados y entidades financieras, y que legislen en el sentido de que si hay nueva construcción o una rehabilitación de edificios enteros pongan un porcentaje obligatorio de pisos que irán destinados a alquiler social. Tienen que ir a por los recursos, sancionar a los bancos con pisos vacíos y aquellos municipios que tienen pisos de la Sareb [o banco malo] tienen que negociar para que pasen a formar parte de la administración pública. Y si hacemos ocupaciones, lo que pedimos es garantizar los suministros básicos y facilitar el empadronamiento, porque esto tiene consecuencias en becas comedor y en el acceso a las guarderías.

P. Para movilizar pisos vacíos una cuestión clave es tener un censo en condiciones, que en Barcelona no ha llegado.

La primera semana del nuevo gobierno apareció el informe con el supuesto censo que hizo el anterior gobierno, pero en realidad sólo es un muestreo. Lo que pedimos en la comisión mixta sobre lanzamientos es que queríamos información de cómo se había hecho y en caso de considerar que no es creíble, lo que exigimos es que se haga un nuevo censo y se haga rápido. En tres meses deberíamos tenerlo. Si no tienes el censo no puedes ir a buscar los pisos y ahora mismo se puede decir que no lo tenemos. Queremos participar en el proceso de elaboración del mecanismo para ir a buscar los pisos, y de las sanciones. No nos valen sanciones de 1.000 o 2.000 euros, queremos que se aplique una ley que hace años que está vigente.

“Si CaixaBank quiere destinar 2.000 viviendas al parque público de Barcelona, la contrapartida no puede ser no aplicar la ley al resto de pisos vacíos que tiene”

P. Tras reunirse con el presidente de CaixaBank, Isidre Fainé, Ada Colau dijo que el parque de vivienda social lo debe hacer el ayuntamiento en colaboración con otros actores, como las entidades financieras. ¿Estáis de acuerdo?

Se puede colaborar con las entidades financieras a la vez que se las presiona y sanciona. Si CaixaBank por su imagen quiere destinar 2.000 viviendas al parque público de Barcelona está muy bien, pero no puede ser una contrapartida para no aplicarle la ley a todo el resto de pisos que tiene vacíos. Presionaremos para que no pase.

P. Por motivos obvios, los vínculos del actual equipo de gobierno con la PAH son mucho más estrechos que en el anterior mandato. Ada Colau fue la portavoz de la plataforma y una parte de su equipo ha pasado por el Observatori DESC, dónde trabajáis varias personas de la PAH. ¿Esta proximidad puede dificultaros la crítica si el ayuntamiento no cumple las expectativas?

En la PAH tenemos muy claro que somos apartidistas y esto se aplica para todos. Somos la sociedad civil organizada y nuestra obligación es presionar para que se cumplan nuestros objetivos, que no es que al Ayuntamiento de Barcelona le vaya muy bien, sino que cumpla y detenga los desahucios y garantice el realojo a todas las familias. Pero es evidente que habrá un factor emocional si llega el momento de criticar y habrá contradicciones, pero lo tendremos que hacer, porque no tenemos margen. Nuestra obligación es presionar sí o sí. Y si hay ayuntamientos valientes, que toman medidas y aplican sanciones ejemplares, necesitarán el apoyo de una calle caliente detrás.

P. ¿Habrá una cierta redefinición del papel de la PAH, en el sentido que podrá ir más allá del activismo para convertirse en copartícipe del diseño de la política pública de vivienda?

Desde el principio hemos hecho propuestas en este sentido, pero hasta ahora hemos encontrado impedimentos. Ahora existe la propuesta de participar, pero hay que ver cómo las palabras se convierten en hechos. Tenemos el conocimiento no del burócrata desde la oficina, sino desde ver como no funcionan los protocolos de servicios sociales ni de vivienda, o de saber que el protocolo con justicia es absurdo, porque no sirve avisar a servicios sociales cuando habrá un desahucio, sino que se debería hacer en el inicio del proceso, para buscar soluciones. La ciudadanía saldríamos ganando si nos escuchan y podemos trabajar. Queremos ser copartícipes y diseñar las políticas. La problemática ha ido cambiando. Si hasta hace poco más de un año la mayoría de la gente que llegaba a las asambleas de la PAH provenía de hipotecas, ahora la mayoría son de desahucios de alquiler y de casos de ocupación. Hay que buscar una solución en todos los casos. Se abre un periodo interesante si realmente podemos participar en su diseño.

P. Antes de terminar el mes se ha de votar en el Parlament de Catalunya la ILP sobre vivienda digna. ¿Tenéis algún compromiso de los partidos para su aprobación?

“Si alguien quiere recortar la ILP se convertirá en el enemigo número de la PAH en Catalunya”

El compromiso ha ido variando. Inicialmente, cuando ya casi teníamos las firmas, todos los partidos menos CiU y PP apoyaban el contenido íntegro, nos decían que se haría una tramitación extraordinaria y que antes de disolver el parlamento se aprobaría. CiU se comprometía en la tramitación de urgencia, pero no con el contenido. Así que decidimos interpelar por carta a los diputados de CiU y PP porque nos faltaban dos para la aprobación de la ILP, pero no tuvimos respuesta. Durante las municipales, hicimos escraches a CiU y PP. Tras las elecciones llegó una nueva ronda de contactos y CiU cambió y dijo que apoyaría la tramitación de urgencia y el contenido íntegro de la ILP, pero que haría enmiendas de mejora. Y el PP nos dijo que apoyará la tramitación de urgencia, pero sin comprometerse con el contenido. Pero ahora estamos discutiendo las enmiendas y no compartimos el concepto de mejora de las de Convergència, porque recortan contenido. Todavía no es definitivo, pero tenemos claro que si alguien quiere recortar la ILP se convertirá en el enemigo número 1 de la PAH en Catalunya. La ILP es un plan de choque, para poner fin a la emergencia y se tiene que aprobar sí o sí. Después tendremos que abordar el derecho a la vivienda en Catalunya y como lo hacemos accesible.

P. ¿Con medidas autonómicas y municipales es suficiente o sin un cambio legislativo a nivel estatal sólo se pueden hacer parches a nivel de vivienda?

“En la PAH queremos ser copartícipes y diseñar las políticas públicas de vivienda”

Sí y no. Primero fuimos por la vía estatal porque era donde podíamos solucionar el problema de manera más rápida, pero nos encontramos con la mayoría absoluta del PP y su desprecio al sufrimiento y a todo. Mientras esté esa gente en el poder, el Estado será incapaz de solucionarlo y iniciamos la campaña Romper por abajo, presentando mociones para movilizar los pisos vacíos en los ayuntamientos, que son los que tienen los servicios sociales desbordados y no pueden dar respuesta a la ciudadanía. Después vimos las competencias que tiene Catalunya y el parlamento puede detener desahucios, poner mecanismos para extinguir la deuda y que no se arrastre de por vida y, garantizar un realojamiento digno y el suministro de los servicios básicos. Por lo tanto, puede acabar con el problema. La voluntad de aprobar la ILP es que también sirva para generar un efecto dominó y se apruebe en otros territorios. Ahora, el Parlament debe demostrar si es útil a la ciudadanía. Si no lo es, tendremos que hacer un replanteamiento. Si no nos sirve el Estado ni el parlamento autonómico, debemos ver qué opción planteamos porque hace seis años que hacemos las funciones de la administración. Deben empezar a cumplir o tendremos que echarlos a todos y llenar los parlamentos de gente que no esté secuestrada por el poder financiero, sino que defienda el interés de la gente.