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El CGPJ estudiará las peticiones ciudadanas para que dimita Dívar

El Consejo ha recibido más de 1.300 reclamaciones. En internet, casi 5.000 personas han pedido la dimisión del presidente del Supremo.

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El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Manuel Gómez Benítez, que denunció a su presidente, Carlos Dívar, por malversación, pedirá el jueves que se informe al pleno del número de peticiones de dimisión de Dívar remitidas por más de un millar de ciudadanos a esta institución. Esa solicitud, según han informado fuentes del Consejo, es uno de los puntos incluidos en el orden del día del pleno ordinario que el próximo jueves celebrará el CGPJ, una semana después de que Dívar rechazara dimitir y dar explicaciones públicas sobre sus viajes a Marbella, como le solicitaron varios vocales.

El servicio de atención al ciudadano del Consejo se colapsó el lunes, cuando a última hora de la mañana se contabilizó la entrada de más de 1.300 peticiones de ciudadanos que reclamaban la dimisión del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. En concreto, la solicitud de Gómez Benítez, cuya denuncia contra Dívar fue archivada por la Fiscalía, pide que se realice una dación de cuentas al pleno por parte del presidente de la Comisión de Inspección del CGPJ del número y contenido de las solicitudes de dimisión del presidente del Supremo recibidas por el servicio de atención al ciudadano hasta el momento.

Esa iniciativa no será la única que el pleno del jueves debata en relación con este asunto, ya que también varios vocales plantearan la necesidad de que Dívar ofrezca una explicación pública sobre la veintena de viajes en fin de semana a Marbella que fueron motivo de la denuncia. Uno de ellos es el propio Gómez Benítez, que en un escrito plantea al pleno la aprobación de 'un acuerdo solicitando expresamente al presidente que comparezca ante los medios de comunicación' para dar explicaciones sobre sus viajes.

Varios vocales plantearán la necesidad de que Dívar se explique públicamente En ese mismo sentido, otros tres de los vocales que la pasada semana solicitaron a Dívar su dimisión - Margarita Robles, Félix Azón e Inmaculada Montalbán-, también han presentado un documento pidiendo explicaciones públicas a Dívar para que no quede ninguna duda sobre la actuación de los miembros del Poder Judicial. Por último, un tercer grupo de vocales, designados a propuesta del PP, han presentado otro escrito para su debate en el pleno del jueves, en el que piden que el Consejo ponga en marcha un plan de transparencia.

El pleno de la semana pasada rechazó una propuesta similar del vocal Manuel Almenar que proponía un acuerdo en firme para elaborar un 'plan de transparencia' que delimite que todos los gastos deben realizarse con expresa justificación y motivación, lo que corregiría la normativa del CGPJ que, desde 1996, no exige concretar el motivo del viaje de sus miembros.

Por otra parte, casi 5.000 ciudadanos -4.867 a las 12:30 horas de hoy- han firmado ya en la página web www.change.org pidiendo la dimisión del presidente del CGPJ. La petición señala que la responsabilidad de Dívar 'no es política, como se viene diciendo, sino deontológica'.

'La deontología tiene que ver con los valores y principios que rigen en los distintos oficios, desde la política a la medicina, desde la abogacía a la construcción. Tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal, con lo que se puede o se 'debe' hacer', añade el texto.

Los autores de la petición recuerdan que Dívar 'no ha negado los hechos que se le imputan, simplemente ha conseguido que el fiscal diga que esos hechos no son delictivos' y añaden: 'Los españoles tenemos que ir más allá. Debemos ir más allá'.

El texto colgado en change.org -antes www.actuable.es- concluye diciendo: 'Pide hoy la dimisión de Carlos Dívar y habremos dado el primer paso hacia el final de la verdadera crisis: la de los principios y valores de la sociedad española'.

Casi 5.000 ciudadanos piden por Internet la dimisión del presidente del CGPJ Algunos de los firmantes justifican así su postura: 'Porque a Garzón le hicieron una caza de brujas por querer hacer justicia con las víctimas del franquismo (...). Si a él lo inhabilitaron así a éste (Dívar) por llevarse dinero público debería ser más' o 'Porque el corporativismo protector está instalado. En justicia es donde habría que empezar a predicar con el ejemplo'.

Además, la asociación Preeminencia del Derecho, representada por el abogado José Luis Mazón, ha denunciado hoy en el Tribunal Supremo al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por los delitos de estafa o apropiación indebida 'o en su defecto por malversación de caudales públicos'. En el texto de la denuncia, Mazón califica la investigación realizada por la Fiscalía de 'farsa o pantomima' y añade que demuestra el 'lacayismo o dependencia del poder político de turno' del Ministerio Público. 'Además de pedir al Supremo que admita a trámite la denuncia 'y abra una investigación seria e imparcial sobre la conducta' de Dívar, la asociación solicita que se reclame el expediente completo de la Fiscalía sobre el asunto y 'los justificantes de todos los gastos de los 20 fines de semana objeto de la denuncia de Gómez Benítez si no figuran ya' en el mismo.

Finalmente, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial también ha 'reprobado' el 'lamentable espectáculo' ofrecido por el CGPJ, 'por cuanto que lejos de afrontar colegiadamente y con total transparencia los errores (...) ha optado por la confusión, el enfrentamiento recíproco y el cierre a cualquier propósito serio de garantizar en lo futuro la transparencia'.

La plataforma, que agrupa a 150 representantes del mundo judicial -jueces, abogados, catedráticos, profesores, notarios, abogados del Estado- añade que, con su proceder, el CGPJ 'ha dejado en evidencia, una vez más, la profunda contaminación política que vicia su legitimidad de origen'.

El comunicado termina pidiendo la renuncia de todos los vocales del órgano de gobierno de los jueces 'a fin de dar paso a un nuevo consejo íntegramente renovado conforme a las pautas literalmente previstas en nuestro texto constitucional: 12 de sus miembros elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales y 8 por el Parlamento'.