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Las clínicas abortistas temen por su seguridad jurídica

La ley en vigor rompe el coladero que suponía la norma anterior

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Resucitar la ley de supuestos para regular el aborto, como anunció ayer el Gobierno, volverá a dejar a las mujeres que abortan y a los profesionales sanitarios en la más absoluta indefensión jurídica. Así lo alertan las asociaciones de mujeres y la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai).

La norma que entró en vigor en 1985 despenalizaba el aborto en tres supuestos. Por haberse producido el embarazo por una violación, porque el feto presentara malformaciones o porque la mujer alegara que seguir con el embarazo le ocasionaría graves daños físicos o psicológicos. Con este supuesto, no había un límite de tiempo para abortar.

En la práctica, la mayoría de las interrupciones se producían por esta causa y sin pasar las 22 semanas de gestación. La ley en vigor evita el coladero, pero no niega la realidad: en 1983, cuando el aborto era ilegal, 23.000 españolas abortaron en Reino Unido.

Con aquella norma, bastaba una denuncia para que 'se empezaran a remover expedientes' y la mujer viviera un auténtico infierno, denuncia la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro.

El ejemplo más dramático de los vacíos de la ley que el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pretende recuperar ocurrió en 2007. Una denuncia de la Guardia Civil obligó a la Clínica Isadora de Madrid a retener los contenedores donde se guardan los desechos biológicos para su destrucción. 'Aquello era un atentado contra la salud pública', recuerda la portavoz del centro, Empar Pineda.

Los agentes acusaron a la clínica de haber practicado abortos de más de 22 semanas y, con el permiso judicial, se llevaron el libro de quirófano de la clínica. El resultado de todo aquello fue la escena esperpéntica protagonizada por varios agentes, que se presentaron en casa de una mujer que había abortado para entregarle una citación judicial. 'Imagina el terror que vivieron esas mujeres', denuncia Pineda, que además fue cofundadora de la comisión Pro Derecho al Aborto en España y es miembro de Otras Voces Feministas. Finalmente, el caso lo reclamó otro juez y absolvió a la clínica y a las mujeres.

No obstante, el daño ya estaba hecho. 'Muchas mujeres vinieron atemorizadas, porque podían acabar en la cárcel', explica Besteiro. Además, el proceso hizo público unos abortos que en muchos casos habían sido secretos por deseo expreso de las mujeres. Los servicios jurídicos y psicológicos de la federación atendieron a decenas de mujeres.

'En muchos casos, el propio marido o novio que había acudido con la mujer a abortar la denunciaba cuando se rompía la relación', añade Victoria Virtudes, portavoz de la Clínica El Bosque y feminista histórica, cofundadora de la comisión Pro Derecho al Aborto en España. Como experta en salud sexual y reproductiva, Virtudes también sufrió los vacíos de la ley de plazos.

En 1999, un grupo de ultras la tiró al suelo cuando salía de la clínica y le rompió tres costillas. La Policía estaba delante y Virtudes ganó el juicio. Virtudes ha sido amenazada de muerte. Se asustó mucho cuando en 2007, al salir de casa, se topó con varios activistas provida que le dijeron del mal que iba a morir.

Además, las manifestaciones 'de grupos fundamentalistas antielección' eran continuas frente a las puertas de las clínicas, destaca Virtudes. Los ataques se mitigaron como las denuncias contra las mujeres con la entrada en vigor de la nueva ley, que permite el aborto libre hasta las 14 semanas.