En torno a las 11 de la mañana, se sentaron como testigos ante el juez del caso de los trajes. Allí, contestaron 'no sé' o 'no recuerdo' a las preguntas sobre presuntos tratos de favor a la trama Gürtel ocurridos bajo sus respectivas áreas de responsabilidad. Una hora después, los dos ocuparon la primera fila para presenciar un acto solemne del Govern autonómico, en el que el president, Alberto Fabra, habló de 'sacrificios' ante la crisis económica. Es el recorrido que ayer hicieron dos cargos públicos de la primera línea de la política valenciana, situados en la órbita más inmediata del president. Son Luis Rosado, conseller de Sanidad, y Alfonso Bataller, sucesor de Fabra en la alcaldía de Castellón desde el mes de julio.

Los dos se sumaron ayer a la treintena de altos cargos y funcionarios autonómicos que han comparecido en el juicio de los trajes desde el pasado martes. Todos han sido llamados a declarar como testigos porque participaron en adjudicaciones de contratos públicos a la trama Gürtel entre 2005 y 2008. En ese periodo, el expresident Francisco Camps cometió el presunto delito por el que se le juzga desde el 12 de diciembre: recibir miles de euros en trajes como regalo de los cabecillas de la red. También en esos años, la trama recibió millones de euros en contratos públicos.

A preguntas del abogado de Camps, todos negaron haber recibido presión alguna para contratar a la Gürtel. Pero el abogado de la acusación popular, ejercida por el PSOE, les pidió explicaciones sobre el variado catálogo de presuntos amaños de los que la red se sirvió para hacerse con adjudicaciones, según el sumario. Pese a que fueron cometidas bajo el mandato de los altos cargos interrogados, casi todos afirmaron desconocer o no recordar las supuestas irregularidades.

Rosado y Bataller no fueron ayer una excepción. En aquellos años, los dos ocuparon altos cargos en la conselleria de Sanidad. El abogado de la acusación popular les recordó que ampararon prácticas supuestamente irregulares que tuvieron como resultado que la trama se hiciera con contratos públicos. Esencialmente, se produjeron supuestos troceamientos de un mismo gasto en varios contratos menores para evitar así la convocatoria de un concurso público.

En el caso de Rosado, la elaboración del vídeo de un evento se repartió en tres contratos distintos. Todos fueron a parar a diferentes empresas de la red. El conseller se defendió diciendo que sólo firmó uno de ellos y que desconocía el resto, que fueron adjudicados por otros departamentos.

En cuanto a Bataller, contrató a varias empresas de la trama para organizar un solo acto. Hubo, por ejemplo, dos contratos con objetos prácticamente idénticos: en uno se encargaba el 'montaje y desmontaje' y en el otro la 'moqueta, instalación eléctrica y telas'. El alcalde respondió entre dudas y pausas: 'Si se precisaba hacer dos contratos con objetos muy parecidos, se hicieron, pero desde luego eran objetos totalmente diferentes'. Bataller terminó diciendo que contrató a estas empresas porque se había hecho en años anteriores y él trabajaba 'con los antecedentes de la conselleria'.