El socialismo andaluz está hondamente preocupado. Les tiene en vilo el escándalo surgido de la investigación judicial del caso Mercasevilla de corrupción que ha destapado la existencia de una presunta trama de colocación de falsos prejubilados en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía. Hasta ahora, funcionarios de Empleo han rastreado 30 de los 45 expedientes bajo sospecha y han encontrado 'hombres de paja' en 12 de ellos, el 40%. La relación de falsos prejubilados asciende a 39 personas por el momento, de los que cuatro están afiliados al PSOE andaluz, según su dirección. Entre los 35 restantes habría además, según otras fuentes, alguna persona con vínculos familiares con el principal 'actor' de la trama, según la Policía, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero.

La Policía sospecha que Guerrero cobraba comisiones de los falsos trabajadores a cambio de colocarlos en las listas de prejubilados. 'Debió percibir cantidades, pero hasta la fecha no se ha podido comprobar', afirman los investigadores en un informe remitido a la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso.

Familiares de un ex director general de la Junta podrían estar en los ERE

Ayer, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, preguntado en Córdoba, manifestó: 'Puede ser que la trama urdida sea utilizar nombres falsos para percibir recursos. No quiero hablar de nombres. Las personas pueden ser perfectamente inocentes y sus nombres, haber sido usados con fines ilícitos', informa Efe.

Los socialistas que aparecen como falsos prejubilados en los ERE son Antonio Garrido Santoyo, del PSOE de Jaén; Juan Rodríguez Cordobés, ex delegado de Asuntos Sociales en Sevilla; Rafael Rosendo, ex alcalde de El Pedroso (Sevilla), y Alejandro Millán, militante también en El Pedroso. Javier Guerrero fue regidor de ese municipio entre 1995 y 1999, antes de acceder a la dirección de Trabajo, que abandonó en 2008. Según la dirección socialista, no hay más. 'Hemos cotejado las listas de afiliados y sólo hay estos', dijeron las fuentes.

En un interrogatorio policial, Guerrero afirmó que contaba con un 'fondo de reptiles' para empresas en crisis, expresión que alude a fondos secretos para pagar sobornos. La Policía no cuestiona el origen del fondo, que proviene de los presupuestos de la Junta y ascendía a 647 millones de euros, sino su distribución, que tacha de 'flagrantemente' ilegal, y su destino. Hasta ahora, con solo dos casos analizados a fondo, la Policía ha comprobado que cientos de miles de euros se desviaron a las cuentas corrientes de los hombres de paja. En Andalucía, cobran ayudas por los 45 ERE cuestionados 6.096 personas.

El PP exigió dos dimisiones e IU cargó contra el 'coladero'

Griñán defendió ayer la gestión de la Junta y el ejercicio de transparencia que personificó su consejera de Presidencia, Mar Moreno, en una rueda de prensa el martes pasado, en la que se sometió durante más de una hora a un severo interrogatorio periodístico. La Junta ha enviado a la jueza Alaya toda la documentación. 'Hemos ido más allá de los requerimientos del propio juzgado y hemos aportado todos los elementos que nos parece que pueden haber sido irregulares', insistió Griñán.

El presidente manifestó que la Junta puso en origen el caso en manos de la Fiscalía, solicitó la comparecencia en el Parlamento del consejero de Empleo, Manuel Recio, y remitirá todos los expedientes a la Cámara de Cuentas. 'Mayor colaboración que esta es difícil encontrarla en ninguna otra comunidad', apostilló. 'Hay actuaciones irregulares remachó que hay que depurar hasta el final'. El PP tachó el caso de «repugnante» y exigió la dimisión de dos consejeros. IU arremetió contra el «coladero» en Empleo.