La historia podría dar de sí para una película negra. Con traiciones, malos rollos, tensiones políticas, rencores, hackeos informáticos, amenazas de sanción y acusaciones de “acoso” de por medio. Y con dos claros protagonistas: Miguel Reneses y Libertad Martínez. Ambos, dirigentes de Izquierda Unida. Uno, secretario federal de Organización (o sea, número dos de Cayo Lara) y diputado en la Asamblea madrileña. La otra, responsable electoral de IU-Comunidad de Madrid (IU-CM) y parlamentaria regional. Los dos pertenecen a la llamada mayoría de IU-CM, desde hace tiempo fragmentada entre los partidarios de Reneses y los del edil Ángel Pérez, mentor político de la propia Martínez. 

La guerra entre ambos comenzó hace años, pero creció desde el pasado abril. Entonces, según informó IU, un hacker suplantó la identidad de la Secretaría federal de Organización y envió un correo electrónico en el que se afirmaba que Lara había pedido a Reneses que renunciara a sus cargos por las supuestas irregularidades de la Fundación Madrileña para el Desarrollo y el Progreso, que este preside. IU lo denunció enseguida.

El 18 de julio, Reneses relató a la ejecutiva federal que en el informe policial se señala, “entre los posibles autores” del ataque cibernético, a Martínez [pincha para ver el comunicado oficial]. La cúpula acordó abrir expediente a la diputada y encargar la instrucción del caso a la dirigente Yolanda Díaz, coordinadora de la federación gallega.

En la noche del pasado miércoles, Martínez remitió una durísima carta a Lara, de la que ayer informó Europa Press. En cuatro folios [pincha aquí para ver el documento], la diputada denuncia que está siendo “víctima de un acoso personal y político” por parte de Reneses. Le acusa de urdir “acusaciones e imputaciones radicalmente falsas, construidas torticeramente” contra ella por haberse opuesto a sus “prácticas inmorales”. Martínez exige el “amparo” de la dirección federal y reclama a Lara que cese inmediatamente a Reneses de todos sus cargos orgánicos y le demande su acta de diputado.

En el entorno del jefe del aparato reiteraron ayer que no se trata de una cuestión personal, sino de la “comisión de un presunto delito”.

Lara aseguró ayer a Europa Press que no había recibido el texto de la dirigente y rechazó dar una opinión hasta conocer los “entresijos” del asunto.

Mónica García Crespo, abogada de Martínez, subrayó que su clienta aún no ha recibido ninguna comunicación de la Policía o del juzgado, y que no ha sido llamada a declarar, ni siquiera dentro de Izquierda Unida.

Fuentes cercanas a la diputada, consultadas por Público, atribuyeron el “escándalo” a un “ajuste de cuentas”, que busca “acabar” con Martínez, “meter mano en las listas de las generales” y desequilibrar IU-CM. “Pero no podrán con ella”, avisaron. También calificaron de, "cuanto menos, curioso", que Lara no estuviera al tanto de las disputas entre ambos y del expediente abierto contra la dirigente madrileña.