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La economía escribió la agenda legislativa del Gobierno

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Nueva financiación autonómica

La abstención del PP facilitó la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica que aprobó el Gobierno en julio de 2009 tras una larga negociación y validó el Parlamento 6 meses después.

El Gobierno creó en junio de 2009, con el apoyo del PP, el denominado Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para regular las ayudas a las entidades financieras en dificultades. 

Desbordado por la magnitud de la crisis –y del paro–, el Ejecutivo creó en agosto de 2009 una ayuda de 426 euros como dique de contención social para aquellos desempleados que hubieran agotado su prestación.

En la obligación de atender a la crisis, el Parlamento abrió un hueco a la iniciativa social de más calado que deja la legislatura: la nueva ley del aborto, aprobada en diciembre de 2009. 

La crisis de la deuda y el vaivén de los mercados llevó al Ejecutivo a proponer, en mayo de 2010, un paquete de recortes que afectaba a funcionarios y pensionistas, elevando su esfuerzo para atajar el déficit. 

Una huelga general sería la respuesta social a esta reforma, aprobada en septiembre de 2010. Los sindicatos denunciaron que permitirá despedir  “más y más barato”. 

La gran banca volvió a unir a socialistas y conservadores, que acordaron, en julio de 2010, reformar el sistema de cajas de ahorros acometiendo fusiones y relegando su obra social.  

Pocas leyes adoptan el nombre de su impulsor: la ‘ley Sinde’ es la excepción de esta legislatura. Esta ley antidescargas se aprobó con enorme polémica y fuertes protestas en febrero de 2011. 

En julio de 2011, uno de los proyectos con mayor contestación sindical, la reforma de las pensiones, vio la luz en el Congreso. En su aspecto más controvertido, elevaba la jubilación a 67 años. 

Los empresarios pueden concatenar contratos temporales más allá de los dos años, sin necesidad de hacerlo indefinido, tras la aprobación, hace unas semanas, de la segunda gran reforma laboral. 

PSOE y PP impulsaron la reforma –pactada en 48 horas– de la Constitución para incorporar un mandato que limite la capacidad de déficit del Estado. El resto de fuerzas rechazaron la modificación. 

Volvió a unir al PSOE con las minorías de izquierdas. El Congreso aprobó, la semana pasada, la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, pese a la especial resistencia de PP y CiU.