La posibilidad de que ETA declare un alto el fuego unilateral, permanente y verificable no se vive hoy en la sociedad vasca con la misma ilusión que despertaron las treguas por las Conversaciones de Argel, el Pacto de Lizarra-Garazi y la Mesa de Loiola. Sin embargo, el recorrido hecho durante este año por la izquierda abertzale y los últimos comunicados de la organización armada han suscitado cierta expectación en dos ámbitos que, en los tres procesos anteriores, se significaron por su apoyo al diálogo: el empresariado vasco y la Iglesia.

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, sorprendió a todos, el pasado 9 de octubre, cuando se mostró dispuesto, 'en una situación excepcional', a mediar entre ETA y el Gobierno para lograr el final de la violencia. Según dijo, lo haría, eso sí, siempre previa autorización del Papa.

Las palabras del prelado de San Sebastián no escandalizaron a nadie, ni siquiera a los sectores más reaccionarios y reacios de la derecha a plantearse la posibilidad de un final dialogado de la violencia. La figura de Munilla, de hecho, no despierta en el ámbito sociológico y político del PP los mismos recelos que sus predecesores, José María Setién (1979-2000) y Juan María Uriarte (2000-2009).

La tregua no vale si siguen las cartas de extorsión

Si Setién y Uriarte fueron duramente criticados por la derecha hasta el punto de sugerir su complicidad con ETA, el actual obispo de San Sebastián es ultraconservador, está alejado ideológicamente del nacionalismo vasco y tiene el aval de Antonio María Rouco Varela al frente de la Conferencia Episcopal Española.

Los comunicados de ETA del pasado mes tampoco han pasado desapercibidos para el empresariado vasco, pese a su escepticismo. La razón de esa incredulidad manifiesta se explica con el primer texto de la banda, el 5 de septiembre, cuando anunció el cese de sus 'acciones armadas ofensivas', algo del todo insuficiente para este sector acosado específicamente por ETA durante décadas y que aún sigue recibiendo cartas de extorsión para el pago del llamado impuesto revolucionario.

En este tiempo, la patronal ha trasladado esa desconfianza a los partidos. Prueba de ello es la intervención que tuvo el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao (PNV), en la Casa de Juntas de Gernika, el pasado 28 de septiembre, mostrando una carta de extorsión que había sido enviada dos semanas antes a un empresario.

La izquierda abertzale es consciente de que, para lanzar un proceso de diálogo, ETA debe enterrar todo tipo de violencia y amenaza, incluidas estas cartas de extorsión a los empresarios. Arnaldo Otegi declaró sobre ello, en la entrevista desde la cárcel con el El País, que 'son hechos que deben desaparecer. Toda amenaza y persecución por motivaciones políticas, toda vulneración de derechos tiene que desaparecer'. El cese de estas cartas daría razones al empresariado vasco para apoyar esta vez también un proceso de paz.