La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, no revisará la condena a España por haber vulnerado la libertad de expresión del líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi. El recurso presentado por la Abogacía del Estado ha sido rechazado, lo que implica que el exportavoz de la ilegalizada Batasuna deberá ser indemnizado por el Estado con 20.000 euros.

Los Servicios Jurídicos del Estado intentaron que la Gran Sala, compuesta por 17 magistrados, revisara la sentencia de marzo en la que el tribunal declaró que España había vulnerado el derecho a la libertad de expresión de Otegi, por haber sido condenado a un año de prisión por los tribunales españoles por un delito de injurias al rey.

La condena se basó en que Otegi que en 2003 era parlamentario de Sozialista Abertzaleak hizo unas declaraciones en las que se refirió al rey como el 'responsable de los torturadores', durante una visita que Juan Carlos I realizó a Bizkaia en 2003. Los responsables del diario Egunkaria que luego fueron absueltos por la Audiencia Nacional acababan de denunciar torturas durante su detención.

El objetivo de la impugnación de la Abogacía del Estado era determinar los límites impuestos por Estrasburgo a la protección del jefe del Estado dispensada por la legislación española, así como para la libertad de expresión de los políticos ante la existencia de terrorismo. En concreto, se pretendía aclarar hasta qué punto se puede amparar en la libertad de expresión el discurso de la violencia o del odio.

La decisión adoptada por cinco magistrados de no elevar a la Gran Sala la impugnación supone una ratificación de la sentencia del tribunal europeo que enmendó la plana a las más altas instancias judiciales españolas, elTribunal Supremo y al Tribunal Constitucional.

Incluso fue más allá, al calificar de 'sobreprotección' la prevista en el código español para el monarca y que supera con creces la fijada para el resto de institucionesdel Estado.

De ahí que, según las fuentes consultadas, la Casa Real mostrara un interés especial en que se aclarara ese extremo. Hasta ahora, la Gran Sala no ha visto ningún asunto referido a la izquierda abertzale. Ni siquiera llegó a estudiar el recurso contra la sentencia que avaló la ilegalización de Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos.

La resolución concedió 20.000 euros a Otegi por daños morales, al entender que la pena que le habían impuesto los tribunales españoles por un delito de injurias graves al rey había sido 'particularmente severa' y'desproporcionada'.