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El fiscal ve "imprudencia grave" en la cúpula militar que contrató el Yak-42

Pide al juez que dé por concluida la instrucción y las partes le digan si abre juicio o sobresee la causa

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que concurren 'indicios que definen la culpa o imprudencia grave generadora de responsabilidad penal en relación con las 62 muertes producidas' en el accidente del Yak-42, ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía).

Y eso pese a que antes de las navidades se inclinaba por pedir al juez Fernando Grande-Marlaska que dictara el sobreseimiento de la segunda causa penal abierta por el accidente, la relativa a las irregularidades en la contratación del aparato por parte del Ministerio de Defensa a través de la agencia NAMSA de la OTAN. La noticia sobre ese criterio motivó la reacción airada de los familiares de los militares fallecidos.

Las familias de los militares fallecidos se felicitan por el informe de la Fiscalía

Aunque ve indicios, la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza ha preferido no pronunciarse aún sobre si procede abrir juicio oral y se limita a decir que 'resulta pertinente que el instructor' decida dar por concluida la instrucción y continuar con la tramitación del procedimiento.

En un escueto informe, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, se remite al artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que el juez dé traslado a las partes para que soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento. Las familias de las víctimas ya han solicitado que se abra juicio oral contra los seis militares imputados, entre los que se encuentran el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Antonio Moreno Barberá, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de División Juan Luis Ibarreta.

Los defensores del juez celebran un acto de apoyo hoy en Madrid

El fiscal recuerda que se han investigado las causas que 'por acción u omisión hayan podido influir en el siniestro', en particular, 'en la actuación de las autoridades españolas en relación con la organización, contratación, ejecución y vigilancia, inspección y supervisión del vuelo'. Los informes periciales, añade, acreditan que el avión 'no reunía las condiciones mínimas de seguridad'.

Su conclusión es que la omisión 'de los más elementales objetivos del cuidado en el ejercicio' de sus funciones, aunque se conocían 'las enormes deficiencias e irregularidades que caracterizaban los vuelos de esta clase (lo que hacía previsible que el siniestro pudiera suceder)', sirve para establecer que concurren indicios de una 'imprudencia grave'.

Los familiares de las vícti-mas mostraron su satisfacción por el informe fiscal y dijeron confiar en que Marlaska no acabe archivando el procedimiento y el juicio oral se produzca cuanto antes.