BARCELONA.- La gestión del agua está en manos públicas en la mayoría de los municipios de Catalunya -506 de un total de 945-, pero la realidad es que el 84% de los catalanes paga su recibo a una compañía privada o mixta, según los datos recogidos por la plataforma Aigua és Vida. La razón es que los operadores privados, fundamentalmente el grupo Agbar -que pertenece al gigante francés Suez Environnement- y Aqualia -filial de la española FCC-, acaparan el servicios en baja –hasta los hogares- en casi todas las grandes ciudades catalanas, justamente donde les resulta más rentable. Con el objetivo de revertir esta situación, grupos ecologistas, movimientos sociales, sindicatos y asociaciones vecinales han promovido el Pacto Social para el Agua Pública en Catalunya, que quiere impulsar una gestión integral, pública y participativa del agua.

El pacto se ha hecho público este miércoles, en un acto que ha contado con la presencia de las principales fuerzas de izquierda de Catalunya. En concreto, han asistido representantes de ERC, ICV, EUiA, la CUP, Barcelona en Comú, Podemos y Procés Constituent, formaciones que se adhieren al pacto y incorporarán sus principales demandas en los programas para las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. El PSC, en cambio, ha declinado sumarse. El contenido del pacto, al que ha tenido acceso Público, tiene muchos puntos en común con el que ya se presentó en Andalucía en el marco de la Iniciativa Agua 2015, campaña surgida para intentar “blindar este recurso ante las normas del mercado y las presiones privatizadoras”.

Los colectivos reclaman “un modelo de gestión pública que respete los derechos de los ciudadanos como servicio de interés general”

“La gestión privada el agua implica, de media, un sobrecoste del 25% para los ciudadanos. En el caso de Barcelona, el coste es hasta un 92% superior al de municipios vecinos que tienen una gestión pública del servicio”, ha subrayado Moisès Subirana, portavoz de la plataforma Aigua és Vida, una de les organitzaciones promotoras del pacto. El documento exige a la “Generalitat y a los gobiernos municipales que consideren los servicios de abastecimiento y saneamiento como servicios públicos vinculados a los derechos humanos, fuera de la lógica del mercado y ajenos a criterios y prioridades de negocio privado”.

Como alternativa, los colectivos firmantes reclaman “un modelo de gestión pública o comunitaria del agua, sin ánimo de lucro, que desde una perspectiva socioecológica respete los derechos de los ciudadanos como servicio de interés general”. En este sentido, se muestran convencidos que “desde la gestión pública o mediante otras formas de gestión”, como la público comunitaria o la cooperativa sin ánimo de lucro, “se pueden prestar los servicios públicos cumpliendo con los estándares más exigentes de calidad y eficiencia”. Para la candidata de Barcelona en Comú a la alcaldia de la capital catalana, Ada Colau, se ha demostrado que la “privatización de servicios básicos conlleva la vulneración de derechos fundamentales”. Desde el inicio de la crisis, el recibo del agua se ha encarecido un 66%. Colau considera que “es el momento de revertir” las privatizaciones y ha afirmado que “recuperar el control público y democrático de la gestión del agua a Barcelona será una prioridad” si su formación llega al gobierno.

El poder de Agbar
Desde 2013, el suministro y el saneamiento del agua en la ciudad y gran parte de los municipios del entorno están en manos de una empresa mixta formada por la multinacional Agbar, histórica concesionaria del servicio, y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La creación de la sociedad mixta, controlada en un 85% por Agbar, sirvió para liquidar los posibles problemas de la multinacional, que según una sentencia judicial de 2010 se beneficiaba de una gestión ilegítima del servicio, ya que no tenía un contrato de concesión. La nueva sociedad se aprobó gracias a los votos favorables en la AMB -un organismo supramunicipal- de CiU y PSC, mientras que ERC y PP se abstuvieron y ICV-EUiA se opuso. En este sentido, el alcaldable de ERC en Barcelona, Alfred Bosch ha matizado que “expresamos serias reservas sobre el tema, porque creemos en el control público”. Sobre la posible remunicipalización del servicio, el ahora diputado en el Congreso ha añadido que “estamos estudiando los casos de París y Berlín [donde la gesitón es pública] y creemos que se trata de un tema para consultar a los ciudadanos”.

La plataforma Aigua és Vida, los sindicatos CCOO y CGT, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya (CONFAVC) y Ecologistas en Acción son algunas de las más de veinte organizaciones impulsoras del Pacto Social para el Agua Pública en Catalunya. El documento recuerda en su primer punto que el “derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial”, como reconoció en 2010 la Asamblea General de la ONU, y considera “fundamental” que los gobiernos español y catalán, y las fuerzas políticas con representación en el Parlamento Europeo, “exijan a la Comisión Europea que excluya a los servicios de agua y saneamiento de las negociaciones comerciales” que se mantienen en el Tratado de Libre Comercio e Inversiones con Estados Unidos, el TTIP.

Una cuestión de soberanía
Los firmantes del pacto se comprometen a vigilar a las administraciones locales para que tomen las “decisiones oportunas que aseguren la sostenibilidad del ciclo integral del agua en la ciudad”, de acuerdo con lo que establece la Directiva Marco del Agua de la UE, “desde tres ámbitos distintos”: el medioambiental, que implica preservar la cualidad y conservación de los ecosistemas, fuente de subministro de los recursos hídricos; el económico, para que se repercuta el coste real de la prestación del servicio a los usuarios y “se apliquen tarifas que se fundamenten en los principios de capacidad económica”; y el estructural, para “planificar y realizar las inversiones necesarias para que el agua llegue a las personas usuarias en las mejores condiciones”.

Para los partidos que se han sumado al pacto, defender el control ciudadano del agua también es una cuestión de soberanía. En este sentido, el diputado de EUiA David Companyon ha expresado que “no puede existir una hoja de ruta hacia la soberanía de Catalunya sin firmar pactos como este”, en clara alusión a CiU. Sobre la misma cuestión ha insistido Joan Herrera, líder de ICV: “Hoy el combate por la libertad del país también pasa por el combate de la gestión pública del agua. Creemos que tenemos la hegemonía en la calle, pero están construyendo una arquitectura institucional para mantener la gestión privada del agua”.

El documento recuerda en su primer punto que el “derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial”

Un mayor control ciudadano
A parte de la gestión pública, el pacto establece que deben aparecer nuevas formas de control de la gestión del agua, que permitan la “democracia participativa” y “garanticen la transparencia”. En este ámbito, el documento propone que el “ente público gestor rinda cuentas de sus actividades y decisiones, tanto a los poderes públicos como a la ciudadanía”. Uno de los mecanismos para facilitar el control ciudadano seria la constitución de un consejo social integrado en el propio ente gestor, que tenga “competencias efectivas de control sobre las cuestiones clave” que trate el consejo de administración de la compañía prestadora del servicio. Este consejo social estaría formado por una asamblea integrada por varios actores de la sociedad civil, como representantes de los trabajadores, usuarios, vecinos u organizaciones ecologistas.

El pacto del agua pública también establece eliminar del reglamento municipal de abastecimiento los cortes de subministro por impago en los hogares con “incapacidad económica contrastada”. En los últimos años, algunos municipios de Catalunya han remunicipalizado el servicio, como Montornès del Vallès, gobernado por EUiA, y Arenys de Munt, donde la medida la llevó a cabo un executivo local encabezado por la CUP. En Terrassa la concesión, actualmente en manos de una sociedad mixta, termina en 2016 y se ha constituído una mesa que reúne colectivos vecinales, movimientos sociales y partidos para reclamar que se aproveche la ocasión para recuperar el control público del agua.