Las mujeres de Balears que tengan que abortar en una clínica privada ya no deberán adelantar el pago de la intervención, tal y como afirmó el ejecutivo insular hace unas semanas. El Institut Balear de Salut ha finalizado el protocolo con el que pretende que los hospitales públicos asuman la mayor parte de las interrupciones voluntarias del embarazo. Según fuentes de este departamento, el objetivo es que la sanidad pública realice 'un máximo' de intervenciones. Sólo los abortos 'que no sean asumibles' serán derivados a las clínicas privadas.

El Servei de Salut no especifica cómo pretende conseguir que los hospitales públicos asuman la mayor parte de los abortos. Lo que sí aclara es que las mujeres que sean derivadas a un centro privado para abortar no deberán adelantar el coste de la intervención. El documento con el que la sanidad pública las remita a esas clínicas bastará como aval.

El gobierno autonómico cifra en el 10% del total el número de abortos que espera derivar a los centros privados. Esto significará revertir la situación actual. Estas clínicas asumen, año tras año, el 96% de las alrededor de 3.000 intervenciones que se realizan cada año en Balears.

El mes pasado el Ejecutivo autonómico rompió con estos centros los conciertos económicos que renovaba periódicamente desde hacía años. El objetivo era que los hospitales públicos asumieran las interrupciones voluntarias del embarazo. No obstante, los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) mostraron sus dudas desde el primer momento. Ni siquiera existe un registro de objetores de conciencia que ayude a la administración a planificar sus recursos.

Con la entrada de 2012, extinguidos los conciertos con las clínicas y comprobado que los hospitales no estaban preparados para asumir todos los abortos de sopetón, el gobierno balear confesó que las mujeres deberían ir a abortar a las clínicas privadas, pero deberían adelantar de su bolsillo el coste de la intervención. El Servei de Salut se lo devolvería más adelante, sin especificar la fecha.

Esta medida hubiera dejado a miles de mujeres indefensas. Muchas de ellas no hubieran podido abortar, al no tener los 300 euros como mínimo que cuesta un aborto, dependiendo de las semanas de gestación. Se hubiera incumplido la Ley del Aborto. Esto levantó las críticas de los partidos de izquierda y de las asociaciones de mujeres.

Descartada esta opción y establecido el protocolo de pago con las clínicas privadas, el gobierno balear insistió ayer en que asumiendo la mayor parte de abortos en la sanidad pública cumplirá a rajatabla la ley. En efecto, la norma, que ahora el Gobierno pretende cambiar, exige que así sea.