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El Gobierno coarta la libertad de expresión y reunión en España

En su análisis sobre nuestro país, Amnistía Internacional denuncia el recorte de derechos por la ley de Seguridad CIudadana y la reforma del Código Penal. Destaca también el trato discriminatorio a inmigrantes.

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Protesta contra la 'ley Mordaza' en Madrid. AFP

España no se ha librado de importantes restricciones de derechos humanos en 2014. En el apartado que Amnistía Internacional dedica a nuestro país dentro de su informe anual, la organización destaca sobre todo los recortes a la libertad de expresión, información y reunión a consecuencia de iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno del PP como la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, asuntos sobre los que ya han mostrado preocupación otros organismos internacionales como la ONU.

“Durante el año, cientos de personas fueron detenidas y multadas por participar en manifestaciones espontáneas y en gran medida pacíficas de más de 20 personas. La ley que regulaba el derecho a la libertad de reunión no reconocía el derecho a celebrar manifestaciones espontáneas”, recoge el informe. Y sigue: “A finales de año continuaban debatiéndose en el Parlamento los proyectos de ley destinados a reformar tanto el Código Penal como la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que, de aprobarse, impondrían aún más restricciones al ejercicio de libertad de expresión y reunión”.

Dentro de este ambiente de protestas, Amnistía Internacional subraya el “uso excesivo de la fuerza” por parte de los agentes de seguridad para dispersar y detener a manifestantes.

Otro de los puntos fuertes en materia de violación de derechos señalados por la organización en nuestro país es la “discriminación” en el trato a los inmigrantes, en concreto por los controles e identificaciones basados en características raciales o étnicas que se han mantenido a lo largo del año. A este respecto, la ONG se hace eco también del “trato ilegal de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, incluida su expulsión ilegal a Marruecos” y del “uso excesivo de la fuerza” por parte de funcionarios en Ceuta y Melilla. No obstante, la ONG recoge como hecho positivo que el Ministerio del Interior publicara por primera vez datos sobre crímenes de odio.

“2014 ha sido el año en el que los derechos humanos se han puesto riesgo a consecuencias de las políticas públicas”

Destacan también las críticas al Gobierno en la defensa de los derechos de las mujeres y la eliminación de la violencia de género en España. En este sentido, la organización señala: “Los llamamientos a favor de que se revisara la eficacia tanto de la ley como del tribunal especializado en violencia de género fueron desoídos, a pesar de que el número de casos archivados por el tribunal por falta de pruebas había aumentado un 158% entre 2005 y 2013”. Asimismo, el documento se congratula por la retirada en septiembre del anteproyecto que pretendía reformar la ley del aborto y que, según la organización, “habría introducido diversos obstáculos en el acceso a un aborto legal y seguro y posiblemente habría tenido como consecuencia un aumento del número de mujeres y niñas que recurrían a procedimientos clandestinos y peligrosos para abortar”.

Otras denuncian que persisten en el informe que Amnistía realiza cada año son, por ejemplo, las definiciones de ‘desaparición forzada’ y ‘tortura’ en la legislación española, que no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos, o la privación del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las Guerra Civil y el franquismo.

“En España, 2014 ha sido el año en el que los derechos humanos se han puesto en riesgo a consecuencias de las políticas públicas”, ha sentenciado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, durante la presentación del informe ayer en Madrid.
En oposición a esta tendencia negativa, Beltrán ha destacado como favorable “el impulso” de España para la entrada en vigor del primer Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas en diciembre del año pasado.