Son 8.116 los municipios en España, según los datos de 2011 del Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial, cruzados con los datos de población de enero de 2010. Pero no todos son iguales. El 59,9% (o sea, 4.862) son muy pequeños, con menos de mil habitantes. Entre 1.000 y 5.000 hay 1.939 localidades (23,8%), de modo que un 83,7% de los municipios tiene menos de 5.000. Son 252 (3,1%) las corporaciones con entre 20.000 y 50.000 ciudadanos, otras 83 (1,02%) con entre 50.000 y 100.000. Sólo en el 0,76% viven más de 100.000 habitantes.

Esos datos, junto a la hondura de la crisis y la penetración del discurso de la austeridad, abrieron de par en par hace ya meses el debate de la fusión de consistorios. El Ejecutivo central no rehuyó la discusión y se mostró partidario de la asociación voluntaria de localidades. Pero ayer martes concretó cómo moverá sus piezas. Lo hará, según anunció Manuel Chaves en la Comisión de Política Territorial del Senado, a través de la Ley de Gobierno Local, de la que el Consejo de Ministros ya analizó el pasado viernes 11 de febrero un primer borrador. El vicepresidente tercero aportó ya en su primera intervención los argumentos: “Es importante incentivar la colaboración o fusión de municipios que, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales persigan mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales, siempre desde la voluntariedad y desde el respeto a las competencias de las comunidades”.

Después, Chaves contorneó su propuesta: el Gobierno, señaló, “nunca” dirá que “es necesario” borrar municipios, porque “no cree en ello”. Era su réplica al PP y, más en concreto, a la macrofundación ideológica FAES, que en su informe sobre el Estado autonómico hecho público el pasado 31 de enero juzgaba “interesante” la decisión griega de eliminar los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. “Por tanto, suprimirlos manu militari, no. Tenemos que trabajar para impulsar una mejor prestación de los servicios, garantizar austeridad, aprovechar las sinergias, reducir el gasto”, añadió.

El Gobierno tiene en la cabeza lo que, en un corrillo con la prensa, Chaves asumió como “fusiones frías” de municipios, un término prestado de la reciente reforma de las cajas de ahorros. Es decir, que varios pequeños pueblos, si quieren, puedan mancomunarse y compartir, por ejemplo, la gestión de la recogida de basuras o de los servicios sociales.

El Ejecutivo descarta la supresión por dos razones. Uno, porque una localidad, aunque vivan en ella “50 habitantes”, “tiene sus raíces, su identidad, su historia”, como subrayó ayer el vicepresidente. Y dos, porque eliminar ayuntamientos (o crearlos) no es una competencia del Estado, sino de las autonomías, como consagra el artículo 148. 1. 2 de la Constitución (salvo si la modificación de los límites territoriales afecta a dos CCAA). Por ejemplo, fue en marzo de 2009 cuando la Junta de Andalucía autorizó el nacimiento de Villanueva de la Concepción, segregado de Antequera (Málaga).

El PP exige una nueva ley de financiación local, que el Gobierno ya ha aplazado

Chaves reclamó a las CCAA que, en el plazo de un año, elaboren “mapas provinciales”, que reflejen “cómo se pueden asociar o mancomunar los municipios determinados para la prestación de mejores servicios públicos”.

En la nueva Ley de Gobierno Local, en la que Chaves persigue el 'máximo consenso', el Ejecutivo busca tres objetivos: reforzar la autonomía local y la adecuación de sus competencias, el aumento de la 'calidad democrática' de las administraciones locales, con mayores 'cauces de información y participación ciudadana', y la mejora del sistema de gobierno local y su organización. 

Hablar de municipios conducía a hablar de la nueva Ley de Haciendas Locales. El vicepresidente volvió a confirmar su aplazamiento. Habrá que esperar a una “situación económica más propicia”, que permita negociar “condiciones de financiación más duraderas”. “Parece que ustedes sólo saben gobernar cuando hay dinero”, le espetó la portavoz del PP, Beatriz Escudero, quien reclamó no gastar más, sino “reordenar y reorganizar los ingresos que necesitan los ayuntamientos”. El vicepresidente recordó que se ha transferido 13.000 millones de euros a los consistorios en dos planes E (el de 2009, dotado con 8.000 millones de euros, y el de 2010, con otros 5.000), por lo que rechazó que el Gobierno haya dejado a estos “abandonados a su suerte”.

Ayer también se coló la supresión de las diputaciones provinciales, que puso encima de la mesa Xosé Manuel Pérez Bouza (BNG), crítico con la gestión de la Diputación de Ourense, controlada por el barón del PP José Luis Baltar. Chaves creyó “importante abrir el debate” de esas instituciones, pero recordó que están recogidas en la Carta Magna.

Otra vez el modelo autonómico // Chaves comenzó su comparecencia en el Senado defendiendo otra vez el Estado de las autonomías, al que definió como una 'historia de éxito', “plenamente eficiente y viable”, aunque requiera mejoras, no “recentralizaciones”. Beatriz Escudero, portavoz del PP en la Comisión de Política Territorial, insistió en que su partido no pretende la devolución de competencias al Estado, sino evitar los “excesos” de las CCAA.

Un 275% más // Chaves pidió al PP que aplicase la austeridad donde gobierna. Se apoyó en dos datos: Esperanza Aguirre ha aumentado “de 728 a 1.521” los puestos de libre designación desde 2003. O sea, un 275% más. Datos que luego negó la Comunidad de Madrid a través de su vicepresidente, Ignacio González. En Valencia, Francisco Camps tiene 320 asesores, frente a los 181 que tuvo Eduardo Zaplana, dijo Chaves.

Funcionarios en 2011 // El viernes, el Gobierno aprobará la oferta de empleo público de 2011, que limita a un 10% la tasa global de reposición de efectivos en la Administración General del Estado. La 'única excepción', remarcó, es que esa tasa subirá hasta el 30% para las comunidades autónomas, y dentro del cuerpo de funcionarios del sistema educativo.