El reloj del pacto se puso en marcha para certificar que el Gobierno y el PP conviven en diferentes husos horarios. La primera foto de la mesa que intenta buscar un acuerdo se veló después de que el Ejecutivo y la oposición se estrenaran en el esfuerzo de sondear posibilidades de acuerdo. El PP confirmó con vehemencia que son algo más que remotas, mientras el Gobierno se prometió un horizonte despejado. 'No contemplamos el escenario de que no haya acuerdo', solemnizó la vicepresidenta económica, Elena Salgado, portavoz de la troika designada por Zapatero para negociar el pacto.

Este voluntarismo del Ejecutivo chocó con estrépito contra un PP enrocado en su rechazo a cualquier consenso que no conlleve rectificación por parte del Gobierno. El portavoz conservador de economía exigió al Ejecutivo un acto de contrición con los impuestos como penitencia: 'Si no se da marcha atrás al IVA, no hay posibilidad de acuerdo', zanjó Cristóbal Montoro. Difícil. Salgado acababa de confirmar que 'no hay razón' para cambiar una Ley de Presupuestos que recoge su subida en julio.

El Ejecutivo inicia la próxima semana con el PP una nueva

Es un ejemplo del desencuentro. Las diferencias adoptaron formas desabridas en la valoración de Montoro, que, de manera sintomática, redujo la búsqueda del consenso a expresiones como 'hacerse la foto', 'tomar un cafetito' o 'echar un rato'. Para acentuar el contraste, Salgado escenificó una apariencia conciliadora, incluso ante un eventual fracaso del intento: 'Impulsar el acuerdo es responsabilidad del Gobierno, pero hacerlo posible es responsabilidad de todas las fuerzas políticas'.

Hecha la advertencia, el Ejecutivo prepara ahora un documento que aporte contenido al índice 'simplón', según el PP presentado a los partidos. Competitividad y empleo, política industrial, déficit y estabilidad del sistema financiero y mejora del crédito son los ejes del texto 'abierto' que el Gobierno remitirá a los partidos el próximo lunes para comenzar, después, una ronda de encuentros que sentará al trío de negociadores a solas con cada partido. La primera cita será el miércoles con el PP. CiU, PNV y ERC están convocados ese mismo día. El resto de grupos minoritarios los seguirán en el turno.

Ni el futuro de las pensiones, ni la reforma laboral ni el pacto educativo estarán tampoco presentes en ese nuevo guión ampliado. Aún así, Salgado subrayó ayer que 'no hay líneas rojas' en la negociación del acuerdo. 'Estamos dispuestos a debatir de todo, a examinar todas las propuestas y tratar de llegar al consenso con el PP', señaló. Mientras tanto, los grupos minoritarios acusaron recibo del comienzo del proceso sin acreditar entusiasmo. CiU y el PNV se envolvieron en equidistancia, mientras los partidos a la izquierda del PSOE reiteraron su temor a que el pacto conlleve los recortes inherentes a un giro a la derecha.

Salgado anuncia una reducción importante de empresas públicas

Con todo, la mejor formulación de la fase embrionaria en que se encuentra cualquier posibilidad de pacto se reflejó en el circunloquio con el que el portavoz nacionalista vasco, Josu Erkoreka, resumió el intento de ayer: 'Es una primera tentativa de aproximación para explorar las posibilidades de una base de acuerdo'.

Al margen del pacto, aunque ligado a la política de austeridad abierta a discusión, la vicepresidenta económica anunció para marzo una 'reducción importante del número de empresas públicas'.'No son privatizaciones', concretó inmediatamente, sino que desempeñan actividades conexas que pueden fusionarse en una única empresa.

Salgado también negó que su departamento se plantee revisar las condiciones salariales de los funcionarios acordadas con los sindicatos. 'Nuestro plan de austeridad incluye una reducción del 4% del capítulo de gasto de personal, que no de las retribuciones'. Esta afirmación acompañaba al plegar de velas del Ministerio de Economía a través de un comunicado. 'El Gobierno respetará en su integridad' el acuerdo con los empleados públicos, señalaba. 24 horas antes, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, había apuntado la revisión del pacto.

El acuerdo fue firmado en septiembre por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Fuentes de la Moncloa subrayaron ayer que 'los acuerdos se suscriben para cumplirlos', y que 'no se ha producido ningún cambio', informa Pedro González.

Sí cambiará, hoy mismo, la interlocutora con los sindicatos de funcionarios: el Consejo de Ministros nombrará a Consuelo Rumí, actual secretaria de Estado de Inmigración, nueva secretaria de Estado de Función Pública, en sustitución de Carmen Gomis, que deja el cargo por motivos personales.