El ministro portavoz del Gobierno, José Blanco, dijo este jueves que la voluntad del Ejecutivo es que los ricos paguen más y que no tiene 'ninguna voluntad' de perjudicar a las clases medias.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Blanco señaló que aunque la creación de un nuevo impuesto no es posible en esta legislatura sí se podría reactivar el del patrimonio, aunque ha precisado que el Ejecutivo no ha examinado ninguna propuesta hoy al respecto.

El ministro portavoz se mostró 'partidario' de crear un tributo sobre la riqueza porque cree que los que más tienen 'deben hacer una contribución especial, especialmente en este momento de dificultades'.

Añadió que hoy por hoy el Gobierno no tiene prevista ninguna medida económica, aunque ha reconocido que durante la legislatura ha tenido que tomar decisiones que no tenía previstas, como la reforma constitucional o el rescate a Grecia, pero que ha tenido que hacerlo por las circunstancias económicas.

Al respecto subrayó un dato 'significativo' y es que 2007 fue el último año que se hizo la declaración del impuesto sobre el patrimonio y que en torno al 25 % de los ciudadanos pagaban el 75% de dicho impuesto.

Es decir, ha explicado, el 25% pagaba 1.500 millones de euros sobre una recaudación de 2.000 millones y el resto es lo que pagaba la clase media.

Respecto a los recortes en educación y el conflicto sobre los profesores, Blancó rechazó que las dificultades económicas, la austeridad y el cumplimiento del déficit público sean excusas para los recortes educativos: defendió al profesorado y pidió a las CCAA que respondan sin escatimar recursos al aumento de alumnos de este curso.

Los docentes 'no se merecen una campaña, una estrategia de deslegitimación, creo que hacen un gran papel al servicio de la educación, que tiene que ser reforzado', dijo el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno.

Otro asunto de interés en la rueda de prensa fue la publicación del patrimonio de los políticos. Blanco recordó que los miembros del actual Ejecutivo ya hicieron público su patrimonio en octubre de 2009 en un ejercicio de transparencia y celebró que los miembros de las Cortes Generales se sumaran a esta iniciativa.

Calificó como 'positivo' que los ciudadanos puedan conocer el patrimonio de los políticos, tanto cuando toma posesión de un cargo público como cuando lo deja. En este sentido, recordó que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya publicó el patrimonio del presidente del Gobierno y todos los ministros y ha asegurado que todos ellos volverán a dar cuenta de sus posesiones cuando dejen el cargo.

Además, rechazó valorar la cuantía de lo declarado por los parlametarios y ha remarcado que 'cada cual juzgará', aunque ha insistido en que lo importante es que los ciudadanos puedan acceder a esta información con total transparencia.

Por último sobre la polémica de la inmersión lingüística en Catalunya, el ministro constató: 'Siempre que se aproxima un tiempo electoral se utiliza la lengua, el catalán, el gallego, como instrumento de confrontación y división, aunque luego algunos si lo necesitan acaben hablando catalán en la intimidad'.

Clara andanada al PP, que reclama a la Generalitat que cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Catalunya según el español tiene que ser lengua vehicular en la enseñanza. 

Explicó que el modelo catalán de normalización lingüística nace de una ley aprobada en 1983 y era 'muy parecido al que impulso y promovió en Galicia el expresidente Fraga'. Ha añadido que 'esa ley fue aprobada sin un solo voto en contra, cuenta con el aval del Tribunal Constitucional y ha funcionado muy bien como vehículo de integración a lo largo de estos años'.