MADRID.- La Fiscalía Provincial de Madrid ha acusado a 137 guardias civiles por un delito de malversación y falsedad de documentos en el cobro de las dietas disfrutadas por los agentes en comisión de servicio, han informado fuentes del Ministerio Público. La causa, que partió de un escrito de Asuntos Internos del Instituto Armado, se instruye en el Juzgado de Instrucción número 21 de Plaza de Castilla.

Los guardias civiles, entre ellos una veintena de oficiales, provenían de diferentes provincias y fingían que se quedaban a dormir en un hostal de la capital cuando, en realidad, pernoctaban en una residencia militar, pasando durante tres años facturas supuestamente falsas que fueron objeto de la investigación interna ahora judicializada.

La Fiscalía imputa a los investigados los delitos de malversación de dinero público y falsedad documentales, con lo que podría conllevar una sanción que incluiría ser apartados de la Guardia Civil. La denuncia también va dirigida contra el dueño del hostal Las Vegas por participar en el falseamiento de las facturas de estos clientes, ya que imputaba importes superiores a la tarifa oficial.

El Ministerio Público detalla que, con esta práctica, los agentes de la guardia civil llegaron a defraudar hasta casi 1.500 euros en conceptos de falsas dietas por pernoctación. Las diligencias de Asuntos Interior se abrieron después de que la Dirección Adjunta Operativa le alertara del posible fraude que ahora investiga, por petición de la Fiscalía, el Juzgado 21 de Plaza de Castilla.

Unión de Oficiales pide "respeto a la presunción de inocencia"

Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional ha lanzado un comunicado en el que pide "prudencia en la valoración de los hechos y respeto a la presunción de inocencia", señalando que, en el caso de que hubiera irregularidades en las prácticas de los agentes que no se ajustara a la normativa, "en ningún caso habría la más mínima intención de enriquecimiento de los investigados que, en realidad, son víctimas de las bajas retribuciones y del constante olvido a que se somete a los miembros de la Guardia Civil por parte de los gobiernos".

 La asociación recalca que no pretende justificar "aquellas prácticas que no se ajusten a la ética profesional", pero sí esperan que "sirvan para concienciar a los responsables políticos de la necesidad de combatir la corrupción, evitando así la picaresca con la que algunos quieren mitigar la escasez y miseria con la que se les trata".