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IU exige prolongar la ayuda de 426 euros más allá de febrero de 2011

El Gobierno aún no ha decidido si extenderá la prestación. De momento, propone derogar la disposición que permitía la prórroga por seis meses

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Los parados de larga duración pueden perder la ayuda de 426 euros que les concede el Estado en febrero de 2011. Esa es, en principio, la opción que baraja el Gobierno, y a la que se opone Izquierda Unida. De hecho, la prórroga sucesiva de la prestación por otros seis meses conforma el núcleo central de las enmiendas que el diputado de la federación, Gaspar Llamazares, presentará hoy lunes en el Congreso.

El año pasado, el Ejecutivo aprobó la ley 14/2009, de 11 de noviembre, que permitía a los desempleados que hubiesen agotado todo su subsidio de paro acceder a una prestación extraordinaria, de una cuantía que en 2010 es de 426 euros al mes. Esta cantidad es el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que este año asciende a 532,51 euros, según lo establece, en su disposición adicional 19ª, la Ley de Presupuestos Generales del Estado [ver página 157 del documento].

El Gobierno planteó que el programa durara un semestre, contado a partir del 16 de agosto de 2009. Pero la ley dejó la puerta abierta, en su disposición final tercera, a que el Ejecutivo, 'teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, las perspectivas económicas y la situación de desempleo', pudiese estirar la subvención por periodos de seis meses. Así lo ha hecho dos veces, en febrero y en agosto de este año, por lo que la cobertura está asegurada hasta el 15 de febrero de 2011.

A 31 de agosto, se habían beneficiado ya más de 650.000 desempleados

¿Y después? El Gobierno, en el proyecto de ley por el que prorroga la ayuda hasta esta última fecha, deroga la citada disposición final tercera. IU persigue borrar ese límite. 'Los datos conocidos de paro y las previsiones evidencian que la crisis seguirá teniendo efectos demoledores sobre el empleo', aseguró ayer Llamazares a través de un comunicado de prensa.

El diputado se remite a los datos del Servicio Público Estatal de Empleo (el antiguo Inem), el organismo encargado de gestionar el programa temporal por desempleo e inserción (PRODI). A 31 de agosto, según informó el pasado lunes, 4 de octubre, Maravillas Rojo, secretaria general de Empleo, el número total de beneficiarios de las ayudas era de 650.655. Ha tenido un coste para el Estado hasta ahora de más de 1.100 millones de euros.

Como denunció el diputado de IU, unas 787.000 personas agotarán sus subvenciones asistenciales en este segundo semestre, por lo que si se suman los que ya no tienen derecho a ninguna ayuda, 'en unos meses habrá cerca de dos millones de parados sin protección por desempleo', afirmó. Este martes, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, sólo dijo que la extensión de los 426 euros se decidirá en febrero.

IU reclama que no se restrinja el PRODI a los menores de 30 y los mayores de 45 

No es la única queja de Llamazares. El portavoz, cuando pactó con el Gobierno la prórroga de los 426 euros en el último debate sobre el estado de la nación, reclamó a través de la resolución finalmente aprobada –la número 32 [ver página 71]– que se atendiera 'especialmente' a los mayores de 45 años y menores de 30.

El Ejecutivo, en su proyecto de ley, restringe la concesión de la ayuda a esos dos segmentos de población y a los que tengan entre 30 y 45 años, pero sólo si tienen cargas familiares. El diputado exige eliminar tales precisiones, con las que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero muestra 'una gran insensibilidad y una peligrosa falta de rigor'.

Llamazares tiene una última demanda: que el PRODI incluya también a los campesinos que el 1 de enero de 2010 se hubieran quedado sin subsidios o rentas agrarias o la renta activa de inserción.

Hoy concluye el plazo de presentación de enmiendas parciales. Las modificaciones introducidas por IU y el resto de grupos pasarán a la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, con competencia legislativa plena. Y luego, al Senado. Si la Cámara alta cuela cambios, la norma deberá volver al pleno del Congreso para su aprobación definitiva.


no incluir una reforma fiscal