La Junta de Andalucía solicitó ayer a la jueza Mercedes Alaya que rectifique y elimine de su auto de esta semana, que cayó como una bomba sobre la campaña electoral en Andalucía, las referencias al presidente José Antonio Griñán (PSOE). El Gobierno andaluz, en un escrito de ocho páginas, pone negro sobre blanco lo que el miércoles pasado calificó de 'error de bulto' de la magistrada, que investiga el conocido como caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Administración autonómica.

Los letrados de la Junta consideran 'absolutamente imposible' responder a la petición de Alaya porque no se puede 'acreditar un hecho cuando dicho hecho no se ha producido porque una norma no contempla que deba producirse'. Es decir, que, según la Junta, Alaya se equivocó gravemente cuando pidió (en la decisión ahora recurrida) al Gobierno que le remitiera 'las autorizaciones de las operaciones de endeudamiento' supuestamente otorgadas por Griñán en su época de consejero de Hacienda para conceder 21 ayudas de un importe cada una superior a los 1,2 millones de euros a otras tantas empresas y que, según la investigación, son ilegales.

'Un elemental ejercicio de prudencia le dicen los letrados de la Junta a Alaya obliga a determinar, con carácter previo al acuerdo de la práctica de la diligencia, si el procedimiento que se investiga incluye o no el trámite a acreditar'. En otras palabras: los abogados de la Junta consideran que la pregunta de Alaya no tiene sentido alguno porque ninguna norma obligaba a Griñán a aprobar nada relacionado con ayudas a empresas provenientes del bautizado como 'fondo de reptiles' por uno de sus gestores, imputado en el caso. Este fondo estuvo dotado con 647 millones y su reparto se produjo en ocasiones con un procedimiento ilegal y en otras sin procedimiento alguno, según la investigación judicial.

'La petición es imposible prosigue la Junta en su escrito porque, sencillamente, la norma que regula el régimen de las inversiones en ningún caso exige la autorización del titular de la Consejería de Hacienda'. Luego, con cierto retintín, los abogados de la Administración pasan a explicar la diferencia entre endeudamiento, que sí debía autorizar Griñán, y pago o gasto, que en ningún caso debía pasar por la mesa del consejero de Hacienda, argumenta la Junta. Alaya debe decidir ahora.