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Juzgan en París a los dirigentes de ETA 'Mikel Antza' y 'Anboto'

Otras siete personas se sentarán en el banquillo acusadas de esconder cientos de kilos de explosivos en sus propiedades del País Vasco francés

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El Tribunal de lo Criminal de París inicia un macrojuicio contra la que fuera la cúpula dirigente de ETA en 2004, cuando fue desmantelada tras los arrestos del jefe político Mikel Albisu, 'Mikel Antza', y su compañera y responsable de las finanzas de la banda, María Soledad Iparraguirre, 'Anboto'.

Junto a Albisu e Iparraguirre (ambos de 49 años), otras siete personas se sientan en el banquillo en este juicio programado hasta el 17 de diciembre. Entre ellas se encuentra el presunto ex responsable de los escondites de armas y explosivos de la organización terrorista, Juan Cruz Maiza Artola, de 59 años.

Los seis restantes son propietarios de las casas o de explotaciones agrícolas diseminadas por el País Vasco francés que ETA utilizaba desde hacía años para guardar armas y explosivos. Maiza está acusado de ocuparse del control y supervisión de estas fincas desde septiembre de 2001.

En esos escondites, la policía encontró cientos de kilos de productos explosivos procedentes sobre todo de robos cometidos en Francia por comandos de ETA, miles de detonadores, decenas de granadas y proyectiles, cientos de fusiles, metralletas o pistolas, e incluso un misil tierra-aire de fabricación soviética, entre muchos otros materiales y documentación.

'Mikel Antza' y 'Anboto' fueron arrestados el 3 de octubre de 2004 en la casa que ocupaban desde junio de 1999 junto al hijo de ambos en Salies de Béarn. En esa localidad a pocos kilómetros del País Vasco francés la policía encontró además documentación que aclaraba la estructura interna y el funcionamiento de la banda.

En esos papeles y soportes informáticos se asienta esencialmente la imputación contra Albisu como jefe político de ETA y dirigente que participaba en las grandes decisiones estratégicas con los responsables de los principales aparatos.

También que intervenía en la gestión de fondos, aunque fuera Iparraguirre la que desde comienzos de los años 2000 llevaba el peso de la tesorería y supervisaba los gastos de cada aparato, así como las entradas de fondos del 'impuesto revolucionario'.  Ella misma redactaba cartas de amenaza y recibía los cobros.

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