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Mas impulsa la ley de consultas para eludir la ilegalidad de un referéndum de independencia en Catalunya

Los grupos del Parlament votarán el jueves una resolución que recoja el derecho a decidir de los catalanes en una consulta ciudadana sin fecha definida ni calendario

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A nadie escapa que el Debate de Política General que comienza hoy en el Parlament de Catalunya será mucho más que un simple inicio del curso. La gran manifestación del pasado día 11 de septiembre (fotogalería) ha puesto en el centro del escenario la redefinición de Catalunya y ha alejado del debate otras cuestiones como la crisis económica, la petición de rescate al fondo interautonómico y los recortes del Gobierno, que aún así, seguro que tienen su espacio.

Se espera mucho de la primera intervención del presidente catalán Artur Más. Por ejemplo, el anuncio de elecciones anticipadas que harían más que nunca posicionarse a todos los partidos políticos frente a una posible independencia. Se ha especulado con la fecha, pero si se anuncia como parece probable durante el debate serán hacia el 25 de noviembre. Los grupos parlamentarios, salvo PP, PSC y Ciutadans (C's), negocian además una resolución que se pretende votar el jueves para garantizar el derecho a decidir de los catalanes.

Convergència i Unió ha enviado al resto de formaciones un documento en el que se pide consultar a los ciudadanos para que el 'pueblo catalán pueda decidir libre y democráticamente su futuro'. El texto de CiU cree inviables nuevos intentos de encaje entre Catalunya y España y cree llegada la hora de que los catalanes puedan decidir si quieren convertirse en un país independiente. En la misma línea se expresa el texto que ha hecho público Iniciativa per Catalunya-Verts (ICV) que cree inalienable el 'derecho a la autodeterminación' de los catalanes.

El texto de la propuesta de resolución también insta a todos los agentes políticos, económicos y sociales de Catalunya a intentar conseguir el máximo consenso posible para 'llevar a cabo este proyecto democrático en diálogo con la comunidad internacional, la Unión Europea y el gobierno español'.

CiU, Esquerra Republicana Republicana de Catalunya (ERC), ICV y Solidaritat Catalana per la Independència (SI) son las formaciones que están negociando una propuesta de consenso que se votaría el jueves y que, como todas las resoluciones tras este Debate de Política General, no sería vinculante. Tanto ERC, como SI e ICV defienden que se fije una fecha para la consulta popular, aunque estarían dispuestos a aceptar que se exprese la intención de celebrarla en la próxima legislatura. El secretario general de los socialistas catalanes, Pere Navarro, se ha mostrado partidario de preguntar a los catalanes sobre su situación 'si después de las elecciones hay una mayoría independentista en el Parlament', aunque en principio el PSC no tiene previsto aprobar la resolución.

PP y Ciutadans han anunciado ya que votarán en contra de cualquier resolución de este tipo presentada en el Parlament.

En el texto presentado por CiU no se especifica una probable fecha para la consulta y, además, se evita explícitamente el término referéndum. El Parlament ha trabajado todo el año para elaborar una ley de consultas populares que sustituya a la que aprobó en 2010 el tripartito y que está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Con esta ley, el Govern pretendía crear un mecanismo que permita a la Generalitat y a los ayuntamientos convocar consultas populares a petición de los ciudadanos o las propias instituciones pero sin requerir el aval del Gobierno central.

El proyecto de ley del Govern, que ya ha pasado el trámite de presentación de enmiendas trata de diferenciar las consultas populares de un posible referéndum para evitar precisamente la necesidad de la autorización previa del Gobierno central. Distinguir 'referéndum', con competencia estatal, de la 'consulta popular', para la que la Generalitat tiene competencias, es la clave para evitar posibles recursos de inconstitucionalidad.

Una de las maneras de separar ambos conceptos es renunciar a la utilización del censo electoral para las consultas y acudir al padrón para ello. Además, la edad necesaria para votar en estas consultas será 16 años, y no 18 como en los procesos electorales. Las consultas populares sobre la independencia que se celebraron entre 2009 y 2011 en muchas localidades catalanas ya abrían la posibilidad de votar a los mayores de 16 años y también empleaban el padrón como base para el listado de votantes.

Sin embargo, de convocarse elecciones el proyecto de ley no se aprobaría en este periodo de sesiones y tendría que ser aprobado por el nuevo Parlament surgido de las urnas. Además, una de las enmiendas presentadas precisamente por CiU establece unos límites temporales para la celebración de consultas a la ciudadanía: no se podrían realizar tras la disolución del Parlament ni hasta cien días después de la toma de posesión del presidente de la Generalitat.

El propio president Mas anunció que el debate serviría 'para abrir una reflexión a fondo' en todas las fuerzas políticas. Mas hizo estas declaraciones tras reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que negó cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo sobre un pacto fiscal para Catalunya. CiU llevó como iniciativa fundamental en su programa, y en el discurso de investidura de Mas, un pacto fiscal similar al que ya tienen Navarra y el País Vasco.

La intervención de Artur Mas ocupará la primera parte del debate, mientras que el resto de los grupos tomarán la palabra el miércoles en turno de mañana y tarde. El presidente responderá a los grupos que también tendrán derecho de réplica. Está previsto que intervengan Xavier Sabaté por el PSC, estrenando la presidencia de grupo, Alicia Sánchez-Camacho (PP), Joan Herrera (ICV), Joan Puigcercós (ERC), y dentro del grupo mixto Albert Rivera (C's), Alfons López Tena (SI) y Joan Laporta.

El principal partido de la oposición, el PSC, llega a la cita de esta semana en medio de un debate interno sobre el modelo de estado que defiende, y con el horizonte de unas primarias que podrían no celebrarse si se convocan las elecciones anticipadamente. Su secretario general, Pere Navarro, ha reactivado la idea del federalismo asimétrico creada por Pasqual Maragall como un modelo en que 'encajen Catalunya, España y Europa'. Navarro, además, ha recordado que 'los ciudadanos necesitan soluciones al paro, los recortes y el déficit en servicios sociales'.

El gobierno catalán ha justificado sus recortes en estos años de legislatura por la falta de una financiación adecuada y tocará también a Artur Mas explicar como han incidido los recortes de este último año en la balanza económica pública catalana y en los servicios a los ciudadanos.

El PP catalán ha sido clave en la gobernabilidad de Catalunya desde 2010 apoyando los presupuestos del Govern de Convergencia i Unió, a seis diputados de la mayoría absoluta. Pero ahora la situación ha cambiado y se espera que la popular Sánchez-Camacho trate de capitalizar el anti-independentismo en el debate. Sánchez-Camacho centrará su discurso contra la que ha llamado 'deriva soberanista' del presidente Mas. La presidenta de los populares catalanes ha asegurado también que 'las elecciones anticipadas no son la solución que necesita Catalunya, que se verá paralizada durante seis meses'.

A Iniciativa per Catalunya-Verts una convocatoria de elecciones anticipadas le obligaría a trastocar su agenda interna. Para final de noviembre tienen programada su asamblea nacional. Ante el debate que empieza hoy, el discurso de Iniciativa será muy crítico con los recortes del Govern, a los que el secretario general de ICV, Joan Herrera, ha enmarcado dentro de una 'política europea de austeridad para los pobres'. Tampoco olvidará el que será el tema central de estos días y se ha mostrado partidario de un gran acuerdo sobre el derecho de decidir de los catalanes que también incluya un pacto social.

Para Esquerra ha llegado la hora de decidir para los catalanes y Herrera centrará su discurso en el camino que debe llevar a la independencia de Catalunya. Además, hoy han anunciado que exigirán a CiU que rompa con el PP en instituciones como la Diputació de Barcelona y que no negocien con los populares los presupuestos, como ha ocurrido en los dos últimos ejercicios.

En el grupo mixto, Solidaritat Catalana per la Independència defenderá en el Parlament un gobierno de transición nacional que convoque un referéndum de separación antes de 2014, mientras que Ciutadans defenderá que la 'salida de la crisis hay que hacerla todos juntos y no levantando más fronteras'.