El expresident balear por el PP Jaume Matas, imputado y en libertad bajo fianza de tres millones de euros, maniobró ayer para arrebatar al juez del caso Palma Arena, José Castro, la investigación sobre los convenios del Govern de las Illes y de la Generalitat valencia con el Instituto Nóos mientras Iñaki Urdangarin dirigió esa entidad. Matas lleva casi dos años intentando librarse del juez Castro, que, de manera inédita en la historia judicial de la democracia, ha extendido sus pesquisas a un miembro de la familia real, el yerno del monarca. Los convenios de Balears reportaron a Instituto Nóos 2,3 millones de euros. Los de Valencia, tres millones como mínimo.

Anoche, el duque de Palma envió un escueto comunicado a la delegación de Efe en Washington en el que afirma que defenderá su 'honorabilidad e inocencia' y que se pronunciará sobre lo investigado cuando conozca 'los pormenores de las diligencias, que en este momento son formalmente secretas'. Se defenderá, añade la nota, 'desde la convicción de que mi actuación profesional ha sido siempre correcta'.

Como informó ayer Público, los investigadores del caso sostienen que de los más de cinco millones obtenidos por Instituto Nóos de las arcas públicas, 1,5 fueron a parar a dos empresas en las que Urdangarin es socio: Aizoon, donde comparte participaciones con su esposa; y Nóos Consultoría Estratégica SL. Según las fuentes consultadas, ambas facturaron a Instituto Nóos por servicios relacionados con la organización de los foros sobre turismo y deporte que el Govern balear y la Generalitat valenciana adjudicaron a dedo a esa entidad sin ánimo de lucro.

El expresident balear alega que el caso afecta a varias comunidades

El comunicado de Urdangarin llegó horas después de que, a través de su abogado, Matas adujera que las características de la ya bautizada operación Babel, que gira en torno al Instituto Nóos y la constelación empresarial que, según el juez, crearon Urdangarin y su socio Diego Torres para 'apoderarse' de dinero público, hacen que deba pasar a la Audiencia Nacional. El motivo, que los supuestos perjudicados son organismos públicos de Balears, País Valencià y -asegura el letrado- Catalunya y Madrid, informa Efe.

Antonio Albert, que defiende al expresident balear, afirma en su petición que Matas es 'el primer interesado' en que se investiguen los hechos y 'se depuren responsabilidades que procedan, exigiendo la devolución de los fondos recibidos si se confirmara que se ha hecho un uso indebido e incluso delictivo'. A Matas, el juez Castro le atribuye blanqueo de capitales pero le ha levantado la acusación de cohecho (soborno), no porque crea que el delito no existió sino porque lo considera prescrito. Matas participó en la gestación de los dos convenios con Nóos. Pero según su abogado, su participación fue sólo política. Ese mismo argumento fue el utilizado en 2010 por el expresident en su intento por zafarse de las acusaciones sobre el sobrecoste del velódromo Palma Arena, origen del caso. El juez no le creyó.

Los convenios con Nóos se firmaron en 2005 y 2006, bienio en el que Matas presidía el Govern balear. El primer acuerdo firmado con el Instituto Nóos como entidad sin ánimo de lucro se suscribió cuando lo presidía Urdangarin. El segundo, tres meses después, una vez que Diego Torres, imputado desde julio de este año, había tomado el relevo del aristócrata. Ambos, Urdangarin y Torres, mantuvieron su relación. De hecho, y como informó ayer Público, los duques de Palma trasladaron el pasado mes agosto el domicilio de su consultora Aizoon al edificio donde tiene su sede empresarial Diego Torres.

El duque dice que se pronunciará sobre las diligencias cuando las conozca

El abogado de Matas utiliza las revelaciones periodísticas sobre el caso en apoyo de su tesis de que la instrucción corresponde a la Audiencia Nacional y no al de José Castro. 'Se ha llegado a decir -dice el letrado en su escrito- que el Instituto Nóos ha desviado fondos obtenidos de las Administraciones Públicas a diversos paraísos fiscales y que otras entidades, como la SGAE, le habrían adjudicado contratos de colaboración'.

En efecto, los registros practicados desde el lunes en las sedes barcelonesas de las fundaciones y empresas nucleadas en torno a Nóos confirman que Diego Torres desvió al paraíso fiscal de Belice dinero captado por el instituto que dirigía junto a Urdangarin, el mismo que el juez Castro define como una tapadera maquillada con los colores de 'una especie de ONG dedicada a proyectos sociales'.

El juez Castro cree que Instituto Nóos infló y falsificó facturas para cobrar precios muy superiores al coste real. La asociación que presidía Urdangarin dejó sin justificar un millón de euros en facturas, informó el jueves el diario El País. En el sumario no hay ningún dato que permita concluir que el Govern reclamó los justificantes de gastos. Según el abogado de Matas, su cliente es inocente y, en todo caso, víctima de un fraude. Si los hechos publicados 'fueran ciertos, son de extraordinaria gravedad, pues los gestores del Instituto Nóos habrían engañado y sorprendido en su buena fe a los responsables políticos' de Balears y País Valencià.

Hasta la fecha, la Casa Real ha evitado opinar sobre la investigación. El jueves, los portavoces oficiales de la Fiscalía Anticorrupción rectificaron a los distintos medios que, ese día, publicaron que la fiscalía especial planeaba pedir la imputación del duque.