Hace tan sólo unos días, el PP de la Comunidad Valenciana presumía de 'su entrega, valores y principios' en las instituciones donde gobierna. 'Transparencia, lealtad, profesionalidad, dignidad y decoro, honestidad, fidelidad, dedicación, sentido del deber buena fe y moralidad sellan el compromiso de los cargos públicos con los valencianos', remarcaba en sus nuevos Estatutos.

Mientras se aplican esta ristra de atributos, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se encuentra imputado por nueve delitos, entre los que se encuentra el fraude fiscal, la malversación de fondos, el tráfico de influencias, el cohecho y la falsificación de documento público. Y su caso no es el único de la zona.  

Pero el partido de Francisco Camps prefiere lavarse las manos y se limitan a proclamar que todos sus integrantes son ciudadanos 'ejemplares'. El PP continúa protegiendo a Fabra aunque saben, y sólo lo reconocen en la más estricta confidencialidad, que tienen un problema de difícil solución.

La dirección nacional sólo se remite a la acción de la justicia y no adopta ninguna medida en este territorio. Sólo Esteban González Pons apuntaba hace unos días, en una entrevista en Público, su interés porque el caso abandonara el juzgado de Nules y pasara al de Castellón. De esa manera, a su juicio, se podría resolver de una vez por todas un procedimiento que lleva más de seis años con diligencias abiertas.

Este es el discurso que ha adoptado también Ricardo Costa, secretario general del PPVC, quien ante el monotema de todas sus ruedas de prensa ha dedicido ampararse en que la Justicia 'tiene que trabajar con rapidez y diligencia'. El PPCV pide que no se hagan 'juicios paralelos'.