El caso Gürtel ha vuelto a vapulear a la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre. El Juzgado de Instrucción número 34 ha rechazado admitir a trámite la querella criminal que en junio presentó el Gobierno regional contra Tomás Gómez, líder del Partido Socialista de Madrid (PSM), por 'denuncia falsa y revelación de secretos', al pedir a la fiscalía la imputación de 44 altos cargos del Ejecutivo autonómico por su relación con la presunta red de corrupción de Francisco Correa.

No hay tal delito, justifica la jueza Coro Monreal en su auto, fechado el pasado 28 de junio y hecho público ayer por el propio Gómez en rueda de prensa. Primero, para que haya denuncia falsa tendría que haberse producido ya un hecho: que la fiscalía hubiera archivado la denuncia del PSM contra esos 44 altos cargos de Aguirre entre ellos, el vicepresidente, Ignacio González. Y eso no ha sucedido.

Tampoco ha habido revelación de secretos, puesto que los datos constan en el sumario judicial, sobre el que ya no pesa el secreto. Es 'evidente', añade el auto, que Gómez no recabó los datos registrados en ficheros informáticos de difícil acceso. Por último, la ley prevé sanciones sólo para el abogado, procurador, juez o miembro del tribunal que difunda detalles del sumario.

Gómez se mostró ufano con el auto que rechaza la denuncia 'mafiosa' del Gobierno. 'Es la tercera querella que nos pone el PP en su afán por amedrentar a la oposición, y quiero preguntar a Aguirre si se están usando medios públicos, como el abogado de la Comunidad de Madrid, para amedrentar a la oposición. No lo conseguirán', dijo.

El líder del PSM pidió el cese de Granados y que pague las costas del proceso judicial. También acusó a la presidenta de utilizar 'de forma fraudulenta' a los letrados de la Comunidad para frenar la investigación de la Gürtel, la red que tuvo en Madrid uno de sus epicentros y que ya se ha llevado por delante a varios alcaldes y cargos de confianza de Aguirre.

Fuentes de la Consejería de Presidencia no precisaron ayer a Público si se recurrirá la decisión de la jueza. Recalcaron que Granados presentó el escrito porque de él dependen los funcionarios 'vilipendiados' por Gómez, incluido uno fallecido en 2007, Matías Morante de la Calle. 'No es un tema personal. Quien denunció fue el Gobierno, no el consejero', sostuvieron.