Cuatro años después de que el Gobierno anunciara su intención de aprobar una nueva ley de atención a las víctimas del terrorismo, todos los grupos del arco parlamentario se han unido para presentar a la Mesa del Congreso una proposición de ley para el 'reconocimiento y protección integral' del colectivo. La propuesta llega a tiempo de celebrar mañana, 27 de junio, el primer día de las víctimas del terrorismo en la Cámara Baja.

El nuevo texto, que sustituye a otro de 1999, instaura el carácter retroactivo de las indemnizaciones hasta 1960, fecha del primer atentado de ETA, e instaura un baremo para que no se produzcan desigualdades. Los familiares de los asesinados recibirán 250.000 euros y aquellos que sufran una invalidez grave, 500.000. Pero la proposición trasciende el plano económico y asistencial para ocuparse también de proteger a las víctimas de los homenajes a los terroristas en espacios públicos o del tratamiento insensible de los medios de comunicación.

Corría abril de 2006 cuando Zapatero anunció en sede parlamentaria la reforma legislativa. El atentado terrorista más grave, el 11-M, había dejado en evidencia el sistema de asistencia a las víctimas, pero el ambiente político que se respiraba por aquellas fechas no era el más propicio para alcanzar un acuerdo. ETA acababa de declarar su última tregua y el PP hacía de la lucha antiterrorista la punta de lanza de oposición al Gobierno, llamando a sus votantes a llenar las manifestaciones de la AVT de Francisco José Alcaraz.

Ahora ha sido el acuerdo entre los dos principales partidos el que ha precedido a la suma del resto de las fuerzas parlamentarias. La reforma de la ley constituyó el principal empeño de la Dirección General creada para atender al colectivo en el seno del Ministerio del Interior, y que relevó en el cometido al Alto Comisionado, Gregorio Peces-Barba, objeto de las críticas más feroces de los conservadores. Ha sido el entonces número dos de Peces-Barba, José Manuel Rodríguez Uribes, el elegido por el Gobierno para sacar adelante el texto. Las asociaciones de víctimas fueron las primeras en realizar las aportaciones en una fase anterior a la negociación parlamentaria. Así, hasta que el pasado martes, Rodríguez Uribes, el socialista Antonio Hernando y el conservador Alfonso Alonso, presentaron el borrador a medio centenar de asociaciones y sindicatos policiales. Fue después cuando buscaron el apoyo del resto de grupos parlamentarios. La presentación conjunta de la proposición de ley evita enmiendas a la totalidad, pero algunas formaciones, como Esquerra o Izquierda Unida, han anunciado que presentaran enmiendas parciales. La iniciativa será tomada en consideración, en todo caso, después del verano.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo hoy que el proyecto garantiza 'memoria, dignidad y justicia' para las víctimas. En la exposición de motivos, el proyecto dice que 'los poderes públicos contribuirán al conocimiento de la verdad', así como a construir 'un relato de lo que sucedió que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas entre víctimas y victimarios', en un intento de desterrar para siempre la justificación que los terroristas y su entorno hacen del acoso y los asesinatos.