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Pendiente de un salto al siglo XXI

El mayor presupuesto de la historia no ha sido suficiente para hacer frente a los retos de una Administración diseñada para otra época

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Pese a no ser merecedora de una sola mención en el debate cara a cara que mantuvieron los dos candidatos con posibilidades de convertirse en el próximo presidente del Gobierno, la Justicia como servicio público es una constante reivindicación de todos los que intervienen en un sistema que, año tras año, es cada vez más utilizado por los españoles. Dedicarle dinero no debe dar votos, pero según el Consejo General del Poder Judicial, uno de cada cuatro españoles tendrá contacto con ella alguna vez en su vida.

El número de asuntos que llega a los juzgados ha aumentado exponencialmente en la última década. De los 6,6 millones que ingresaron en 2000, la cifra ascendía en 2010 a los 9,3 millones. Un dato propio de países desarrollados, en los que sus ciudadanos resuelven sus problemas en los tribunales, pero que se ve con preocupación en el mundo judicial. Para paliarlo, el número de jueces ha crecido en casi mil efectivos y los asuntos resueltos están casi parejos a los ingresados. Pese a ello, no faltan voces a favor de una reforma estructural que permita aumentar los jueces sin que ello suponga el desembolso que conlleva crear todo un juzgado.

Las comunidades autónomas no ven rentable políticamente el desembolso en Justicia

La preocupación por el aumento de la litigiosidad ha cundido y se ha plasmado en reformas encaminadas a disuadir a la hora de acudir a un servicio que se proclama público. ¿Cómo? Imponiendo tasas en los recursos, amenazando con condenas en costas y fijando límites de cuantía para poder acceder al Tribunal Supremo en ciertas jurisdicciones.

Y en medio de una crisis mundial sin precedentes, los dos últimos años se han caracterizado por los mayores presupuestos de la historia. De los 696,35 millones de euros que se destinaron a la Justicia en 2000 se ha pasado a 1.805 en 2010 y 1.680 este mismo año. El esfuerzo económico del Ministerio que encabeza Francisco Caamaño se ha dirigido especialmente a asegurar la modernización de un ámbito en el que se produce una queja recurrente: cómo es posible que Hacienda tenga los datos de todos y los jueces no puedan compartir sus resoluciones. Una medida a la que se dio prioridad tras el asesinato de Mari Luz Cortés.

Todos los intentos se encaminan a tratar de frenar el incremento de asuntos en los tribunales

Ese afán chocó con la realidad en forma de problemas de coordinación entre los sistemas informáticos del Estado y de cada una de las comunidades autónomas. Y es que una de las trabas para que la Justicia se adapte al siglo XXI se debe a que depende de varias administraciones y hasta de un CGPJ, que muchos consideran que no tiene claras sus competencias y que está sobredimensionado.

Algunos territorios, como Madrid, se declaran dispuestos a devolver las competencias, porque, en plena crisis, les resultan excesivamente gravosas y no van acompañadas de una recompensa en votos. En Madrid y País Valencià los retrasos en el pago del turno de oficio son clamorosos, y esta última comunidad, una de las que cuentan con mayor sobrecargada en sus juzgados, ha llegado al punto de negarse a crear los 15 previstos por el Ministerio.

Pese a todo, la modernización va haciéndose hueco en los juzgados. La Audiencia Nacional está actuando como laboratorio del expediente digital. Una experiencia que presenta problemas, según sus funcionarios, pero que supone un paso hacia un futuro más racional y ecológico.

La lucha entre los distintos actores judiciales complica las reformas necesarias

Los jueces se han dado cuenta de su propia fuerza. En su intranet se levantaron, desbordaron a las tradicionales asociaciones judiciales y fueron a la huelga por primera vez en democracia. Fue el 18 de febrero de 2009 y ese día, por la vía de los hechos, acabaron con los recelos de si los titulares de un poder del Estado, el Judicial, podían o no hacer huelga.

A la falta de acuerdo entre PP y PSOE, que ha lastrado reformas consideradas necesarias y cuyos efectos sólo se verán a medio plazo, en la Justicia se suman también los temores y suspicacias existentes entre sus distintos protagonistas: jueces, fiscales, secretarios y abogados. Lo demostró la oficina judicial, puesta en marcha hace un año en Burgos y Murcia, pese a haber sido aprobada siendo todavía ministro José María Michavila, allá por 2003.

Esa lucha de egos entre jueces y secretarios, que aún se vive en la oficina judicial, se reproducirá con mayor crudeza entre jueces y fiscales cuando se reforme la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo primero será decidir quién se ocupa de la instrucción. De si se encargan los fiscales, como proponía Caamaño en su proyecto, o la mantienen los jueces dependerá el cambio de toda la organización judicial.