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"La posición del PP sobre el terrorismo es inmoral"

El ex vicepresidente del Gobierno analiza la actualidad y evoca el 28-O.

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Con 67 años de edad y toda una vida entregada a la política -desde los 18 años en la lucha clandestina contra la dictadura hasta nuestro días-, Alfonso Guerra sostiene 'yo no he cambiado', a pesar de que la derecha ha pasado de demonizarle a usar su nombre en ocasiones como cita de autoridad y referencia de hombre de Estado.

'Lo que ha pasado -concluye el ex vicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general del PSOE- es que la derecha se ha dado cuenta de que estaba equivocada. Yo vengo diciendo, desde hace muchos años, que soy uno de los políticos más moderados de España. Nunca, nunca, he hecho caso a ningún tipo de dogmatismo, tenga la cruz, la estrella roja... lo que quiera que tenga como símbolo.

La moderación no es ser tibio en la defensa de las ideas. Se pueden tener convicciones muy firmes, pero ser relativista, y yo siempre he sido más partidario de comprender que de juzgar al ajeno porque no comparte lo que tú piensas. La derecha ha creído siempre que yo era el obstáculo secular para que el PSOE pudiera moverse hacia las posiciones que a ellos les gustaran y, probablemente, ahora han descubierto que no es así. Me satisface que, a veces, en los sectores más progresistas de España, y a veces en algunos no progresistas, se considere que lo que hago es bueno para mi país. Ése es el gusto más dulce que puede uno tener'.


El 12 de octubre se le vio, quizás por primera vez, en la recepción en el Palacio Real. ¿Fue un gesto de apoyo a la Monarquía de un viejo republicano, de rechazo al ‘banderazo' del PP...?
Creo que había ido en alguna ocasión antes, una o dos... no lo recuerdo bien. No es habitual en mí, no por nada, sino porque no me gustan los saraos, se refieran a palacios o a lo que sea. En esta ocasión era un testimonio que a mí me dejaba la conciencia tranquila. En España algunos juegan con cosas que parecen inofensivas, pero que pueden deslizarse por una pendiente y convertirse en peligrosas.

Ver a jóvenes irreflexivos que se dedican a quemar fotografías de los monarcas y a sectores ultraconservadores, que lo han reflexionado mucho, golpeando la estabilidad del país a través de la institución de la Corona, en principio no me parece que sea un peligro, pero es jugar con fuego porque en la pendiente llega un momento en que el freno quizás no se puede echar.

Dice si fue el testimonio de un viejo republicano... en todo caso sería de un joven republicano. Desde el punto de vista intelectual, los mecanismos de representación de los Estados parecen más lúcidos y claros por elección que por herencia. Por tanto, mejor república que monarquía. Pero hay una cierta confusión respecto a cómo ha funcionado eso en España.

El nacimiento del PSOE no es el de un partido republicano, sino accidentalista, así se decía en aquella época. Pablo Iglesias repetía hasta la saciedad que lo importante no es monarquía o república, sino democracia y libertad, y que, si un régimen respetaba la democracia y la libertad, eso era un accidente. Son los partidos dinásticos los que arruinan la Corona de España. ¿Por qué? Porque llevan a Alfonso XIII a pronunciarse, a intervenir y hasta apoyar un golpe de Estado, el de Primo de Rivera, y la monarquía se hace inviable para los sectores democráticos. Por eso, cuando ahora, desde sectores de la derecha, y también alguno de la izquierda, pero muy minoritario, se pide en momentos efervescentes que se pronuncie el rey, que intervenga... están cometiendo un grave error o volviendo a las andadas.

Afortunadamente hoy vivimos con un monarca que es en cierta medida el negativo de la fotografía de Alfonso XIII. Reina, pero no gobierna, como dice la Constitución. Por tanto, cuando algunos se ponen de aprendices de pirómanos de la estabilidad que vive España, cuando juegan a la pirotecnia, que en principio es un poco folclórica, hay que decir: sepan ustedes con lo que están jugando, porque recoger el agua derramada es imposible. Así que tomé una decisión consciente. Quería ir y lo hice premeditadamente.

¿Qué opina de la crisis en que está sumido el Tribunal Constitucional?
Cuando hicimos la Constitución, creíamos que un tribunal de garantías constitucionales era un elemento último de conformidad con el sistema democrático. Lamentablemente ha derivado a otra cosa. Hoy, en el Tribunal Constitucional el problema no es que haya una disputa política, es que, tras tantas recusaciones, en el caso hipotético de que hiciera una sentencia sólo bajo criterio jurídico, nadie les creería. Si además no la hacen bajo criterio jurídico, lo están matando.

Me llaman la atención algunas cosas que se hacen, que parecen reglamentarias y normales, pero que no lo son. Habitualmente lo que se hacía era que cuando terminaba el mandato del presidente o del vicepresidente, si no se había hecho la renovación, se esperaba hasta hacerla para el nuevo nombramiento. Eso se ha querido recoger en una ley y el PP la ha recurrido.

Entonces, el Tribunal dice que, como esto representa, si sale adelante, que las personas que están en la presidencia y la vicepresidencia se beneficiarían de lo que dice la ley y continuarían una etapa, esas dos personas no pueden intervenir en la votación. De acuerdo, perfecto. Pero, al separar a esas dos personas, automáticamente hay otra que ocupa la presidencia y no sólo interviene, sino que usa el voto de calidad para decidir, lo cual es un escándalo monumental.

¿Qué han hecho con el Tribunal? Pues una pelea política, porque consideran que es otro ámbito electoral y que, 'si en las urnas no gano, puedo ganar en los tribunales, y, si no, puedo ganar en el Constitucional'. Pretender arrasar con toda la legislación de una legislatura porque en el Tribunal tengo uno más que atiende a lo que yo le diga no es tolerable.

Y no es tolerable que los magistrados digan 'yo hago esto porque lo ordena tal o cual partido'. Sólo hay un concepto válido: el jurídico. Un Tribunal Constitucional que haga política está muerto.


Una crítica extendida al Gobierno de Zapatero, incluso dentro del PSOE, es que, aunque el balance sea positivo en las políticas, ha fracasado en la política, entendiendo por tal la negociación con ETA y la reforma territorial. ¿Comparte la crítica?
La legislatura ha estado marcada por transformaciones muy importantes en el terreno de los derechos y en el terreno social, pero han estado bastante eclipsadas por esos dos asuntos que, bien por parte del Gobierno o de la oposición, han ocupado la pantalla continuamente.

En el intento de terminar con el terrorismo mediante una negociación, el Gobierno partió de una teoría que, en principio, es muy noble: esto lo han intentado desde Adolfo Suárez a Felipe González y José María Aznar, pero sin dar conocimiento de lo que estaban haciendo, y yo lo quiero hacer con transparencia absoluta y lo traigo al Parlamento. Esto puede ser considerado de una cierta ingenuidad porque negociar estos temas en la plaza pública se hace muy difícil, sobre todo si el otro partido está en una posición inmoral, como ha estado el PP.

¿Y en cuanto a los estatutos?
En el tema territorial, la cosa se embrolló muchísimo porque la última etapa de Aznar encrespó mucho los ánimos de las comunidades autónomas, sobre todo del País Vasco y de Cataluña. Entonces, el señor Ibarretxe y el señor Maragall intentaron responder a ese ataque sistemático haciendo dos proyectos de estatutos que no tenían viabilidad constitucional ni política.

Fue una reacción, si se quiere sanguínea, que se puede entender en respuesta a la actuación del Gobierno de Aznar; pero cuando el 14 de marzo no gana el PP, sino que gana el PSOE, Ibarretxe y Maragall tenían la obligación moral de guardar en un cajón esos dos proyectos porque ya no estaban en la pelea con un señor que les estaba golpeando. Eran unos proyectos que no se podían aprobar, sencillamente.

Al del País Vasco se le dijo no y el de Cataluña se reformó en 168 artículos, se cepilló toda la barba que no podía caber en la Constitución, ¡y se enfadan cuando se les recuerda! Es que no les comprendo... Aquel estatuto que hicieron allí fue disparatado, fuera de la Constitución y fuera de la convivencia política que necesitan los españoles.

El PP tenía derecho a tener otra posición, era legítimo. Lo que no tenía derecho era a tratar el estatuto que se aprueba en el Congreso con las mismas palabras que el que sale del Parlamento catalán, porque sabía muy bien que no se parecían, y ha vuelto a utilizar algo que no es moral, que es decir: golpeemos como si no hubiera pasado nada.

¿Le preocupa más la insistencia de Ibarretxe en la autodeterminación del País Vasco o los tambores soberanistas que parecen volver a sonar en Cataluña?
Aquí hay una especie de comedia. Desde el País Vasco y Cataluña hay fuerzas o representantes políticos que hablan con una terminología que es falsa: 'Queremos una relación amable con España' ¿De qué está usted hablando? ¿Son independentistas? ¡Díganlo con claridad! Hay quien lo dice, que es como más decente.

Pero luego vienen y dicen: 'Nosotros nos queremos ir de España, pero tienen que hacer esto de España, así y así'. ¡Hombre, no! Déjenos tranquilos. Si usted sostiene que no quiere estar aquí, no me diga también cómo tengo que hacer las cosas en mi casa. Todo esto que hablan de 'soberanismo' es para no decir la palabra independencia.

Ni la Constitución lo admite ni yo estoy dispuesto a aceptarlo. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna garantía de que se respeten los derechos de aquéllos que no son partidarios de esa situación; no tengo ninguna, porque todos los nacionalismos históricos, el alemán, el francés, el español, el catalán, el de Murcia... todos son excluyentes. Es la historia. En el siglo XIX se incuba eso y en el XX da lugar a dos guerras mundiales. A mí no me van a pasar ahora la bola de que esto es una 'relación amable' ¿De qué estamos hablando? ¿De otro Estado? Oiga, ni cabe en la Constitución ni yo estoy de acuerdo. Usted tiene derecho a defenderlo y yo tengo derecho a oponerme.

¿Estaría a favor de llegar a suspender la autonomía vasca?
Hay que hacer una aclaración. La suspensión de la autonomía no existe en la Constitución. ¡No sé cómo lee la gente la Constitución! Lo que existe es el artículo 155. Pongamos que, en un frenesí de locura, el señor Ibarretxe convoca un referéndum. El presidente del Gobierno tiene la facultad, si el Senado le apoya por mayoría absoluta, de ser él quien le ordene a la Ertzantza, al director general de Interior, al que se ocupa de las urnas... de dar las órdenes para que no lo hagan.

Pero el Gobierno autonómico no pierde las demás competencias. Esto se ha deformado, quizás porque se lee lo que ocurre en Irlanda, que el Gobierno inglés sí suspende y ya no hay autonomía. Pero, si Ibarretxe convoca un referéndum, la aplicación del 155 es el único instrumento que existe.

¿Es partidario de modificar la ley electoral para reducir la representación de los partidos nacionalistas en el Congreso?
Cuando se hizo el decreto ley de 1977, que es el que ha marcado la legislación electoral, se establecieron unas condiciones que permitían que los partidos nacionalistas pudieran tener una sobrerrepresentación, pero conozco que la modificación que lo hizo posible es del último instante, en un gesto de intentar conformar a los nacionalistas, sobre todo del País Vasco y de Cataluña. Cambiarlo ahora se hace muy difícil.

La ley d´Hont es buena, le echan la culpa a d´Hont los que no saben nada de esto. Pero hay algunos cambios que, sin tocar la Constitución, se podrían producir. La Constitución establece un mínimo de representación en cada provincia, que el decreto fijó en dos diputados y que se podría rebajar a uno.

También establece que puede haber hasta 400 diputados, y si se incrementaran a 400 y los 50 que se aumentan fueran un solo colegio nacional que recogiera los votos sobrantes de todos los lugares, los partidos con ámbito de Estado tendrían más representación. Si fuera posible combinar ambas cosas, habría menos sobrerrepresentación regional. Se podría hacer, pero hace falta contar con la inmensa mayoría. Si no, no soy nada partidario de tocar una ley electoral.

El proyecto de Ley de Memoria Histórica ha salido de la Comisión Constitucional, que usted preside, con el menor consenso de todas las normas aprobadas sobre la Guerra Civil y la dictadura desde la Transición. ¿Merece la pena?
La crítica más razonada que se puede hacer es si tenía que ser una ley, porque se incluyen muchas cuestiones que podrían haber sido decretos u órdenes ministeriales. ¿Qué los diferencia? Al ser una ley se trae al Parlamento y si hay una posición polémica, la polémica está servida.

El discurso del PP es muy contrario, pero el posicionamiento no lo es. Han votado todos los artículos que hacen referencia a la mejora de las prestaciones a los que sufrieron persecución, a favor de la despolitización del Valle de los Caídos, pero hay algo más. La enmienda transaccional del Valle de los Caídos está firmada por el grupo Socialista, el Catalán y el Popular.

No es que el PP votara a favor, es que presentó una enmienda junto a otros dos grupos, que es mayor compromiso. En la realización de la ley, el PP ha quedado bastante vinculado; en el discurso político, completamente separado. Esto quizás indica que dentro del PP hay distintas posiciones respecto a cómo situarse.

Cuando hablo con los dirigentes del PP de estos temas, les digo: esto no terminará hasta que podamos hablar de la Guerra Civil con la misma naturalidad que de Felipe II. Es una parte de la historia, no es la vida de hoy, no es el futuro de esta nación. Si hay una riada y se aprueba un decreto para ayudar a las personas que la han sufrido, con la misma naturalidad podíamos decir: hagamos una reparación a los que les robaron la casa en la guerra o lo que fuera. Tratémoslo como si fuera una riada de hace cuatro días. El día en que se pueda hablar con esa naturalidad la gente podrá olvidar.