La actuación de marcaje y control del PP en el Tribunal Constitucional ha logrado su objetivo: desequilibrar el alto tribunal. De paso también ha quedado patente una fractura en dos bloques con posiciones inamovibles.
La decisión de ayer sólo es un paso más en esta estrategia, pero un paso importante.

El presidente en funciones del Pleno del Tribunal Constitucional, Vicente Conde, optó por utilizar su voto de calidad.

Esta prerrogativa se inventó para solventar los empates y en este caso había uno: los cinco magistrados que se presumen del sector conservador querían aceptar las abstenciones de Casas y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, por estar afectados por la prórroga de mandato que prevé la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Los otros cinco, considerados progresistas, querían rechazarlas.

El problema está en que tradicionalmente los presidentes del alto tribunal han intentado evitar el voto de calidad, mediante el acercamiento de posturas. De hecho, María Emilia Casas sólo lo ha utilizado una vez en tres años, y Conde lo ha hecho la primera vez que asumía la Presidencia.

Esto ha causado molestar entre los magistrados a priori más favorables al Estatuto de Cataluña y otras leyes claves de esta legislatura -todas ellas recurridas por el PP-, porque creen que ellos han tratado de mantener una posición más transigente que sus compañeros en otros asuntos.

Más poder conservador

El aceptar la abstención de Casas supone en la práctica que los conservadores sean mayoría, contando con el voto del presidente, en el recurso contra la reforma de la Ley reguladora del alto tribunal, lo que anuncia que se anulará la prórroga del mandato de la presidenta hasta su renovación, prevista para diciembre, y la elección de magistrados por parte del Senado a propuesta de las comunidades autónomas.

La única esperanza para que prospere la reforma de la ley es que el Gobierno recuse a los magistrados Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez Zapata por la carta que enviaron en junio a la presidenta, dejando clara su postura ante la norma antes que fuera recurrida.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo ayer que actuará, 'si hay indicios de que algún magistrado no presenta la necesaria imparcialidad'. D