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El PSOE estudia reformar el TC si persiste el bloqueo

El Gobierno asume que mañana se cumple el último plazo para certificar la disposición del PP a la renovación

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Mañana, día 21, es la fecha tope. Si para entonces, cuando se agote el último aplazamiento solicitado por Pío García-Escudero para convocar la Comisión de Nombramientos del Senado, el PP no presenta un candidato alternativo al descalificado Enrique López, el Gobierno concluirá que, 'de manera definitiva', Mariano Rajoy ha optado por mantener bloqueada la renovación del Tribunal Constitucional para lo que resta de legislatura.

La nueva semana de prórroga pedida por el PP abrió un portillo a la esperanza de un cambio de actitud, pero la impresión dominante en el Gobierno y en la dirección del PSOE es que volverá a imponerse el criterio del 'sector duro', a cuya cabeza se sitúa a Federico Trillo, aunque como responsable último se señala a Rajoy.

El desbloqueo pasa por que se presente una alternativa a Enrique López

'La renovación de los órganos constitucionales es una decisión de presidentes', se reconoce sin ambages desde las filas socialistas, aunque el presidente del Gobierno se remitiera el martes pasado a la negociación entre los grupos parlamentarios.

Los socialistas creen que el PP, que hasta ahora ha logrado descargar sobre el Gobierno la responsabilidad del déficit de representación democrática que aqueja a una institución clave del Estado como es el Tribunal Constitucional, ha decidido mantener bloqueada la renovación de este órgano por una doble razón: la expectativa de que, con su composición actual, puede conseguir tumbar dos leyes emblemáticas de la era Zapatero, como la de los matrimonios homosexuales y la reforma de la interrupción del embarazo, ambas recurridas; y la previsión de que, si lograran ganar las próximas elecciones generales, podrían configurar un tribunal más favorable a sus tesis en la composición de este órgano.

La reforma podría fijar un plazo máximo para fallar en leyes orgánicas

Frente a esta estrategia de 'filibusterismo institucional', el Gobierno ha empezado a considerar que la única alternativa a su alcance es forzar la máquina y 'poner toda la carne en el asador'.

Para combatir el bloqueo en la renovación del TC se estudian varias opciones, que pasan en todos los casos por acentuar la presión social y política sobre el PP, pero que ahora incluyen también la reforma de la ley que regula el Tribunal Constitucional, posibilidad que hasta hace escasas fechas se descartaba por su carácter 'agresivo'.

También se estudia acortar mandatos y aislar al PP en otros órganos

Aunque este es el último paso que el Gobierno querría dar, en los debates internos ha empezado a imponerse el criterio jurídico de que deben hacerse prevalecer los mandatos de la Constitución renovación por terceras partes cada tres años y la decisión política de evitar que se repita una situación como la creada en torno al Estatut de Catalunya.

Para ello, se buscan alternativas que permitan soslayar el imponderable de que es la propia Constitución la que establece la exigencia de una mayoría de 3/5 para el nombramiento de los ocho miembros que corresponden al Congreso y al Senado, de modo que el acuerdo con el PP resulta imprescindible.

El alcance de la posible reforma legal está por definir y se estudian varias fórmulas, tendentes a asegurar el mandato constitucional de renovación periódica de los magistrados o bien a dificultar que un tribunal interino como el actual pueda pronunciarse sobre leyes orgánicas.

El PSOE cree que la derecha busca ahora tumbar la Ley del Aborto

En el primer supuesto se trataría de reducir el mandato de los magistrados que puedan nombrarse antes del final de la legislatura para que las renovaciones posteriores se hagan sistemáticamente por tercios. En el segundo supuesto, se trataría de establecer la cautela de que cualquier ley orgánica recurrida sobre la que el tribunal no se pronuncie en un plazo de tiempo máximo, de entre seis meses y un año, se entendería automáticamente avalada.

De este modo se reforzaría también la presión socio-política sobre los magistrados que ya han agotado su mandato para que no vuelvan a pronunciarse sobre otras leyes orgánicas como el Estatut, condición que tienen tanto la reforma del aborto como la del Código Civil que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Cuatro magistrados, entre ellos la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, llevan ya casi tres años de prórroga y en noviembre concluirá el mandato de otros cuatro. En total, ocho de doce.

Para prevenir que el mismo tribunal interino que revocó parte del Estatut pueda tumbar la reforma de la Ley del Aborto, cuya suspensión cautelar ya fue rechazada por un solo voto de diferencia, los socialistas han empezado igualmente a estudiar la posibilidad de recusar a algunos de los magistrados que se han pronunciado sobre las mencionadas leyes, siguiendo el ejemplo de lo que hizo el PP ante el recurso sobre la reforma de la norma catalana, iniciativa que logró apartar de las votaciones al progresista Pablo Pérez Tremps.

El Gobierno considera también la posibilidad de buscar el acuerdo con el resto de los grupos parlamentarios para aislar al PP de órganos cuya composición no depende de una mayoría cualificada, como ocurre con todos los de extracción parlamentaria.

Esta posibilidad alcanza a tres organismos reguladores donde representantes del PP ocupan cargos bien remunerados: el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

En el caso de otros organismos, como el Tribunal de Cuentas o la Comisión de RTVE, sería necesario reformar las leyes que los regulan para modificar la mayoría cualificada que se requiere para la elección de sus miembros.