El revés que sufrió el miércoles la instrucción del caso Faisán, con la revocación de los autos de procesamiento dictados por el juez Pablo Ruz, no ha pasado inadvertida para aquellos que se convirtieron en blanco político del PP a cuenta del chivatazo. El principal, Alfredo Pérez Rubalcaba, aprovechó la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para denunciar las 'calumnias e insultos' que, según dijo, han sufrido los policías imputados, su sucesor en el cargo, Antonio Camacho, y él mismo.

'El PP me ha calumniado e insultado, a mí y al secretario de Estado (por Camacho), sesión tras sesión, y ha arrastrado por el suelo el honor de policías muy serios, sabiendo que todos los etarras fueron detenidos y procesados', dijo Rubal-caba en el Congreso al término del último pleno de esta legislatura. El ahora candidato socialista a la Moncloa ofreció también su explicación a la actitud de los conservadores. Lo hacen 'exclusivamente porque la lucha contra el terrorismo va bien', aseveró.

Ruz insiste en centrarse en los mandos cuyo proceso fue revocado

Camacho, por su parte, se negó a comentar la resolución de la Sala y se limitó a señalar que durante los ocho años que lleva en el Ministerio siempre ha defendido 'el buen nombre de la Policía'. 'Son otros los que deben reflexionar muy seriamente sobre la actitud que han mantenido y las consecuencias que puede tener en el objetivo de todos los demócratas en la lucha antiterrorista', señaló.

El exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior en Euskadi, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros han dejado de estar procesados para recuperar su anterior situación judicial, la de imputados. La Sala de lo Penal ha devuelto el caso al juez instructor porque aunque aprecia un delito en el soplo recibido por una red de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006, no cree que haya 'indicios suficientes' contra ellos. Y por eso ordena al magistrado que continúe investigando.

Tras la decisión de la Sala, Ruz se inclina por continuar con la línea de investigación que condujo al procesamiento de los tres mandos y, en ese sentido, dirigirá las nuevas diligencias, según fuentes jurídicas. En sintonía con la Fiscalía, Ruz reconoce que los indicios que señalan a García Hidalgo son más débiles que los que pesan contra sus subordinados.

Rajoy lamenta que Interior no dé explicaciones y dice confiar en la Justicia

El líder del PP, Mariano Rajoy, se aferró ayer a la conclusión de los jueces de que se produjo un delito y continuó pidiendo responsabilidades a la cúpula de Interior. 'Desde el punto de vista político, todavía seguimos esperando explicaciones', dijo el presidente del PP que, en cualquier caso, descartó que 'a estas alturas se vayan a producir'. 'Habrá que tener confianza en la Justicia', zanjó. Más allá fue el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, a quien Rajoy encargó dirigir la estrategia del partido en el caso. 'Hay más Faisán que nunca', dijo ayer, y optó por la metáfora: la decisión de la Sala de lo Penal 'ha estimulado el celo (del ave) para que el faisán vuele más alto'.

Diferenciándose de los dirigentes de Génova, el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, pareció querer pasar página al expresar su deseo de que 'nunca pase más' lo que calificó como 'un enredo'. A diferencia de sus compañeros de Madrid, Basagoiti tuvo palabras de reconocimiento a los imputados. 'Doy fe de que han dado su vida por la lucha antiterrorista y por acabar con ETA'.

El juez instructor se seguirá apoyando en el equipo investigador

El juez Ruz está a la espera del auto que ampliará la decisión de los 14 jueces de la Sala para adoptar decisiones, pero por el momento descarta que estas se dirijan a aclarar la posible implicación de otros policías distintos a los que ya procesó. Las defensas señalan al jefe policial de la investigación, el comisario Carlos Germán. Ruz asumió su informe de conclusiones, en el que se señalaba a los tres mandos como autores del chivatazo sin ningún género de dudas.

A pesar de que los 14 jueces de la Sala consideran que esa investigación no presenta los 'indicios suficientes' para sentar en el banquillo a García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros, el magistrado sigue confiando en Germán porque cree que las defensas no han presentado ni un sólo argumento sólido para dejar de hacerlo, según fuentes jurídicas. El juez Pablo Ruz cuenta con la posibilidad de que las diligencias no aporten nuevos indicios y elevar a la Sala un auto de conclusiones para que esta proceda al archivo del caso.

De no hallar nuevos indicios, Ruz elevará el caso a la Sala para que dicte el archivo

Entre las motivaciones de Ruz para apoyarse en las conclusiones del equipo investigador destaca la primera declaración de Joseba Elosua, el dueño del bar Faisán y receptor del soplo. En la misma, Elosua fijaba la llamada del soplo en el mismo intervalo en el que Germán centra el chivatazo, identificándolo con una comunicación hallada entre Ballesteros y Pamiés. Elosua después se desdijo y retrasó el momento del soplo, coincidiendo con el momento de otra llamada entre Germán y uno de sus subordinados, elemento destacado en las tesis de las defensas.

Ruz resta credibilidad a esta segunda declaración de Elosua por producirse después, con tiempo para que el imputado por integrar la red de extorsión de ETA la modificara según sus intereses u olvidara algunos detalles debido a su avanzada edad.

Con independencia de los planes de Ruz, las defensas y la acusación popular insistirán en solicitar la práctica de pruebas que el juez ya les denegó. Dignidad y Justicia, que se ha mostrado especialmente activa en el proceso, insistirá en celebrar un careo entre Carlos Germán y el comisario José Cabanillas, superior suyo en el momento del soplo y que ha señalado al jefe del equipo investigador como responsable del chivatazo. También solicitará una nueva rueda de reconocimiento Elosua no reconoció a Ballesteros como el hombre que le pasó el teléfono en las dos practicadas y que se interrogue a los miembros del equipo de investigación.

Las defensas de Víctor García Hidalgo, Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros también pretenden que se investiguen otras llamadas telefónicas, ampliando el espacio de tiempo que acotaron los investigadores, y así se incluya la que el subordinado del comisario Carlos Germán realizó a su jefe y que pasó por un repetidor francés. Fuentes de la lucha antiterrorista consideran, sin embargo, agotada la investigación cinco años después de su inicio. En este sentido, apuntan que las compañías telefónicas se deshacen de los datos sobre llamadas al año de que las mismas se realicen.

La defensa de José María Ballesteros dirigió ayer un escrito a Ruz exigiendo el sobreseimiento inmediato de la actuación contra el inspector y que cite a declarar como imputado al jefe de la investigación, Carlos Germán.