El anteproyecto de Ley de Simplificación y Reestructuración de la Administración Catalana (Ley Ómnibus) preo-cupa y mucho a las entidades que trabajan con inmigrantes. Estas denuncian que se están perdiendo algunos derechos básicos que ya parecían ganados, como el carácter universal de la sanidad, y alertan de que lo van a pagar los más débiles.

La polémica ley, que quiere reducir el gasto público, contiene un artículo que limita la asistencia sanitaria a las personas que estén empadronadas desde hace seis meses. El objetivo de este requisito, según fuentes del Departament de Salut, es combatir el 'turismo sanitario', es decir, las personas extracomunitarias que vienen a Catalunya para someterse a alguna intervención médica, ya que en sus países la sanidad no es pública. Se calcula que hay unos 400 casos de 'turismo sanitario' al año y esto representa un coste importante para la sanidad catalana. La gran mayoría de estos casos son de personas procedentes de Estados Unidos y Canadá y no de países pobres, según fuentes de Salut. En algunas ocasiones, han llegado a falsificar los certificados del padrón para poder acceder a la sanidad.

El Govern estudia limitar la asistencia a los que lleven seis meses en Catalunya

La portavoz de SOS Racisme, Jose Peñín, denunció que, aunque esta ley esté pensada para el turismo sanitario, 'afecta a todo el mundo' y eso incluye a los inmigrantes. Peñín recordó que la Ley de Extranjería fija que sólo basta estar empadronado para tener acceso a la sanidad y que el proyecto de ley que prepara el Gobierno de Artur Mas vulneraría este derecho. Fuentes de Salut reconocieron esta realidad y aseguraron que 'no se quiere entrar en contradicción con ninguna otra ley'. La misma fuente insistió en que se trata sólo de un anteproyecto y aseguró que todavía es posible encontrar otra solución como, por ejemplo, realizar la intervención médica y luego comprobar si el paciente abandona Catalunya para regresar a su país. En estos casos, se podría reclamar el coste de la intervención a posteriori.

La entidad que vela por los derechos de los inmigrantes ya criticó el viernes pasado el anuncio del Departament de Benestar i Família de limitar temporalmente las ayudas por nacimiento a las personas que llevan más de cinco años en Catalunya. Peñín criticó que esta modificación afectará a muchas familias catalanas independientemente de su nacionalidad, pero que los más damnificados serán los inmigrantes. Por este motivo, temen que se esté iniciando 'una política de ayudas excluyente y racista'. Según SOS Racisme, el Gobierno de Mas 'ataca los valores democráticos de la igualdad y de la universalización de los derechos'.

SOS Racisme es la entidad que denunció a la Audiencia de Barcelona al líder del PP en Badalona, García Albiol, por sus declaraciones contra los rumanos de etnia gitana. García Albiol será, gracias a un acuerdo con CiU, muy problamente el alcalde de Badalona, la tercera ciudad más poblada de Catalunya.