Público
Público

Los vecinos que Botella quiere desalojar amenazan con denunciar por mobbing inmobiliario

Los representantes de los inquilinos de las viviendas sociales emplazan al Ayuntamiento y a la empresa Renta Corporación, de la que el marido de Cospedal es consejero, a romper la opción de compra firmada antes del 18 de diciembre o, e

Publicidad
Media: 0
Votos: 0
Comentarios:

Los vecinos de las viviendas sociales a los que el Ayuntamiento de Madrid quiere desalojar de sus casas han pasado al ataque. Después del pánico inicial producido por las cartas de desalojo recibidas por parte del Consistorio, los vecinos han buscado asesoramiento legal y han diseñado su ofensiva. O la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS) y la compañía Renta Corporación desisten en sus negociaciones para vender los cinco edificios de viviendas sociales por 21 millones de euros o recibirán una querella por mobbing inmboliario.

“Si no se echan atrás en el contrato en el plazo establecido nos veremos obligados a interponer una querella por unos hechos que entendemos que pueden ser calificados de mobbing inmobiliario y que están teniendo repercusión en la 'situación física y psicológica de los vecinos”, explica a Público Endika Zulueta, abogado de los afectados, quien añade que en caso de que esta querella sea interpuesta los  “políticos” y “financieros” responsables del contrato de opción de compra “tendrán que pagar por los daños a los vecinos”.

Los abogados defienden que todos los contratos son indefinidos

El contrato de opción de compra firmado por la EMVS y la empresa Renta Corporación, de la que Ignacio López del Hierro (el marido de María Dolores de Cospedal), establece que la compañía compradora tiene de plazo hasta el 18 de diciembre para desistir de la compra de los cinco edificios sin perder un euro de los 363.000 euros ya depositados. Si, por el contrario, desistiera de la compra entre el 18 de diciembre y el 18 de enero (fecha en la que caduca la opción de compra) Renta Corporación perdería el dinero ya entregado que se encuentra depositado en una notaría de Madrid.

Por ello, los vecinos, asesorados por sus abogados, advierten a Renta Corporación de que no piensan abandonar sus casas y le aconsejan retirarse a tiempo de una operación financiera que sólo les puede ocasionar problemas y pérdidas de capital. “La EMVS no tiene legitimidad jurídica ni moral para hacer esta venta y la empresa no tiene capacidad jurídica para comprarla. Además, económicamente la compra no le va a salir tan rentable a la empresa compradora porque va a comprar un inmueble lleno de vecinos. La gran mayoría no piensan irse”, asegura Endika.

En los próximos días, los abogados de los afectados remitirán a Renta Corporación un escrito con las firmas de los vecinos en el que recomendarán a la empresa poner fin a “esta broma de mal gusto, irse a su casa y dedicarse a comprar otro tipo de inmuebles que no sean de viviendas sociales”. “Le emplazamos a que desistan de la compra antes del 18 de diciembre porque si no perderán los 363.000”, advierte Endika.

La pieza central del esquema que barajan los abogados se asienta en el argumento de que los contratos de alquiler de los inquilinos son todos de carácter indefinido, siempre y cuando no varíen las condiciones que les han hecho merecedores del mismo. Esta interpretación de los contratos se asienta en la legislación de 1986. La Administración, por su parte, aplica la normativa de 1995.

“Vamos a decirles mediante una carta [a la EMVS] que entendemos que se han equivocado en la interpretación de la ley. De la misma manera que para ellos es una casualidad que la empresa compradora tenga como consejero al marido de una conocida política quizá también de manera casual ellos se han equivocado en la interpretación de la ley”, ironiza el letrado.

En virtud de esta posición, los abogados y los vecinos que han recibido las cartas de desalojo responderán a la EMVS advirtiéndoles de que no abandonarán su hogar y aconsejarán a la EMVS que “pidan perdón por las molestias” y que se dedique “a lo que tiene que dedicarse” que es a “crear mecanismos para que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y adecuada y no a trabajar como si fuera una inmobiliaria”.