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Wert ignora al Tribunal Supremo para seguir financiando a centros segregadores

El ministro de Educación se escuda en la jurisprudencia judicial para justificar su reforma, pero la olvida cuando se trata de los centros que separan por sexo

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'Lo único que hemos hecho ha sido incluir en la ley la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo'. Esta fue una de las frases más repetidas por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, el pasado martes, cuando mostró a los consejeros de las Comunidades Autónomas su nuevo borrador de reforma del sistema educativo. Con estas palabras, Wert justificaba, una y otra vez, que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) 'no minusvalora la importancia del catalán', pese a que relega a las lenguas cooficiales a asginaturas de especialidad (no troncales) y obliga a la Administración autonómica a pagar la escuela privada de los padres que deseen escolarizar a sus hijos con el castellano como lengua vehicular. 

No obstante, el titular de Educación ha hecho caso omiso, a la hora de legislar sobre los centros escolares que segregan por sexo, del mismo Tribunal Supremo que utiliza para justificar estos cambios en los modelos lingüísticos. Pese a que el Alto Tribunal ha dictaminado en varias ocasiones contra la financiación pública de dichos colegios, Wert ha introducido un artículo que garantiza y legitima los conciertos con estas escuelas.

'No constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos', cita el apartado 3 del artículo 84 del anteproyecto de reforma educativa. 'En ningún caso, la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto', concluye la citada norma.

Con este párrafo, Wert plasma en la ley su deseo expresado este verano en la Cadena Ser de seguir financiando a estos colegios que pertenecen, en gran medida, al Opus Dei. 'La sentencia del Supremo se respeta, pero otra cosa es que se pueda discutir su fundamentación jurídica e incluso que quizá se pueda hacer una clarificación del marco legislativo que dé lugar a resoluciones en otro sentido', avanzó el ministro el pasado agosto.

Además, no es el único guiño que el titular de Educación ha hecho a la Iglesia, ya que, como prometió, ha eliminado la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) de los programas de Educación Primaria y Secundaria.  Ni siquiera hay rastro, en el nuevo borrador, de la llamada Educación Cívica y Constitucional, la materia por la que se iba a sustituir y que no tenía 'contenidos polémicos', como dijo el Ministerio que sí contenía EpC.

En cuanto a los dueños de los colegios privados, no sólo sacan provecho de los conciertos a centros segregadores. Como ya anunció la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, el Ministerio dará fondos públicos a los colegios -de cualquier tipo- con mejores resultados.  'Las Administraciones educativas [las Comunidades Autónomas] podrán asignar mayores dotaciones de recursos a determinados centros públicos o privados concertados en razón de los proyectos que así lo requieran o en atención de las condiciones de especial necesidad de la población que escolarizan. Dicha asignación quedará condicionada a la rendición de cuentas y justificación de la adecuada utilización de dichos recursos', reza el segundo apartado del artículo 122.

Además, la nueva Formación Profesional Básica, alternativa para alumnos de 15 años que no estén 'en condiciones de promocionar a cuarto curso de ESO' o cuyo 'grado de adquisición de competencias así lo aconseje' -según el equipo docente-, será concertada 'con carácter preferente'. 'Las Administraciones educativas podrán concertar, con carácter preferente, los ciclos de Formación Profesional Básica que, conforme a lo previsto en la presente ley orgánica, los centros privados concertados impartan a su alumnado. Dichos conciertos tendrán carácter general', detalla el artículo 116 del último borrador. 

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa aún está en fase de negociación. El ministro y los consejeros autonómicos del ramo volvieron a retrasar, la semana pasada, el debate al respecto, aunque todo apunta a que el texto no recibirá importantes modificaciones. El primer anteproyecto de ley ya fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en su primera lectura y, ahora, gran parte de las Comunidades, del PP, apoyan las medidas propuestas por Wert. La próxima Conferencia Sectorial de Educación está prevista para el 19 de diciembre.