"Hoy me he comprado media sandía de tamaño medio a casi seis euros". La sandía es una fruta típica del verano español que contiene un 92% de agua, así que nunca este líquido se ha pagado tan caro. Es posible que el presidente del Gobierno esté cenando sandía mientras yo remato este artículo, pensando Pedro Sánchez cómo es posible, a tenor de las últimas encuestas, que los y las españolas no entiendan lo mucho que ha hecho este Ejecutivo por ellas con las dos crisis sucesivas de la legislatura, la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania: los ERTE, la subida del salario mínimo, bonos sociales, las dos bajadas del IVA de la luz, la reforma laboral que está trayendo una histórica creación de empleo -en forma de contratos indefinidos, mayoritariamente-, la rebaja del transporte público, de los combustibles, el visto bueno de Bruselas a la excepción ibérica para limitar el precio del gas,... Y nada.

La clave está en la insuficiencia de todas estas medidas para el día a día de los ciudadanos: no desayunan sandía, no comen sandía de postre y no cenan sandía; tampoco los que meriendan pueden tomarla. El caso de esta fruta, que ha pasado del vulgar táper de la playa a las endiosadas mesas de debate económico, es ilustrativo de la situación de un Gobierno de coalición atrapado entre una inflación galopante y unas excelentes cifras de empleo, cuyos salarios no cubren, no obstante, la subida imparable de esa inflación, salvo contadísimas excepciones. Porque los sueldos en España siguen siendo una mierda y en este país, llevamos, al menos desde la crisis financiera de 2008, caminando justitos sobre el alambre de los sueldos, proponiéndosenos desde los gobiernos varios medidas estructurales y bla, bla, bla, que nunca han llegado a ejecutarse (reforma fiscal, economía sumergida, control de la corrupción, financiación autonómica...). Y llega una inflación imprevista (¿imprevista la guerra de Ucrania y su impacto en los precios? No sé, Joe [Biden], parece falso...) y da igual la mucha "sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas" que se haya hecho para subir poquito a poquito el SMI en España para situarlo en el séptimo lugar de la UE en cuantía.

No basta, la economía de ayudas no es suficiente para momentos de crisis, aunque sea imprescindible; esa economía social de emergencia no transforma el desierto en un vergel con un chasquido de dedos de Pedro Sánchez y, mucho menos, baja el precio de la sandía para que siga siendo la fruta más consumida en el verano patrio "por los siglos de los siglos, amén".

Desde 2008 se han pedido medidas estructurales en un país conservador -en el amplio sentido de la palabra- y temeroso hasta las trancas, salvo una minoría que raras veces adquiere posiciones de Gobierno, como ahora Unidas Podemos y los socios parlamentarios del Ejecutivo. ¿Por qué ha tenido que llegar la guerra de Ucrania para que Bruselas admita que hay un problema con el precio del gas, que se lo come todo? ¿Para qué está la política sino para anticiparse a los problemas de la gente y no para crear más? ¿Por qué son siempre los sectores más vulnerables los últimos en beneficiarse de la gestión de nuestros gobernantes, que priorizan a las grandes fortunas, a los grandes beneficiarios del sistema, hasta que llega la inflación a las sandías y se plantean (ay, qué miedo) si no habrá que tocar los obscenos beneficios de energéticas, petroleras y gasísticas un poquito, la puntita nada más?

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Llevamos, insisto, desde 2008, con las medidas estructurales del PSOE a vueltas para convertir España en un país con un tejido productivo que supere al turismo o, al menos, que conviva con él en igualdad. Es verdad que Mariano Rajoy también lo planteó, pero después, durante sus dos legislaturas en La Moncloa, estuvo más ocupado en neutralizar con Villarejo, los medios, el dinero y el personal del Estado a su tesorero Bárcenas para evitar que la Gürtel, los sobresueldos, las mordidas a empresarios, las campañas electorales financiadas ilegalmente y todo el entramado mafioso del PP le estallase en las manos.

No ha habido medidas estructurales: seguimos sin una reforma fiscal profunda en un país con casi un tercio de su población en riesgo de pobreza mientras la educación y la sanidad públicas, los sistemas de dependencia y de pensiones se tambalean y en Madrid, becan (un decir) a las empresas privadas que dan clases. Además, la última ley de financiación autonómica data de 2009 y la economía sumergida sigue la senda establecida desde la década de los 70, en torno a un 20% del PIB frente al 13% de media en la UE. Es verdad que este dinero no declarado se utiliza como justificación, dicen, para la "paz social" de un país que cada vez alcanza mayores cotas de desigualdad. Aquí no se consuela quien no quiere.

Desconozco los planes del Gobierno para revertir la tendencia que puede llevar a Alberto Núñez Feijóo al poder -las gallegas ya avisamos-. Ignoramos qué van a hacer más allá de ponerse zancadillas entre los dos partidos que conforman la coalición ante la estupefacción de sus votantes y de aumentar el gasto de Defensa para la OTAN-EE.UU. (vuelve, Olof Palme). Quizás Yolanda Díaz diga algo nuevo este viernes en la presentación de Sumar, todas las miradas de la izquierda están puestas en ella ahora; algo nuevo que haga creer a la gente que la sandía recuperará su precio, porque lo que necesitan es ver su futuro con claridad. El voto es más volátil que nunca y los ciudadanos no tiene problema en andar saltando de un partido a otro para ver quién les resuelve la vida de una vez, cada día, cada hora. Incluso la hora de comer sandía, que es cualquiera.

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