A la hora en que se cierra este texto (23:30 h. del martes 9 de enero), el PSOE y Sumar no han alcanzado el acuerdo con Junts y Podemos que les garantice la aprobación de los tres reales-decretos ley a los que dio luz verde el Gobierno el pasado mes de diciembre, el año pasado. Para confirmar la complejidad inédita de lo que será esta legislatura, sin embargo, no es necesario saber si se aprueban los tres decretos, dos, uno o ninguno: las cartas están echadas y pintan bastos para Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

El Congreso (sus representantes desplazados/as al Senado por obras en la Cámara Baja) vivirá este miércoles 10 de enero una nueva jornada "histórica", que por tantas que ha habido, ya no lo será y contará, seguramente, con mucha indiferencia ciudadana, aunque políticos y periodistas nos vengamos arriba. Al fin y al cabo, la sensación que cunde estos días es que las razones por las que se jura y se perjura que se va al "todo o nada" por la mayoría de la derecha (PP, Vox y Junts) y Podemos tiene poco que ver con los intereses de la gente; incluso, en el caso de los independentistas catalanes, cuyo apoyo a los decretos del Gobierno es el más complicado de lograr.

Junts es un partido independentista catalán y su interés político se circunscribe legítima y democráticamente a Catalunya, es decir, su relación con el resto del Estado o el Ejecutivo central se define en función de aquello que garantice su éxito territorial (o eso considere Junts). Como el del PNV y Bildu en Euskadi, el del BNG en Galicia o el de ERC también en Catalunya; también Coalición Canaria u otras formaciones regionalistas: ninguno de estos partidos apoyará algo en Madrid que entiendan que perjudica a sus intereses territoriales de captar a sus votantes vascos, gallegas o catalanes. Es una obviedad y lo saben ustedes y todos los partidos del Congreso, aunque los más cínicos se rasguen ahora las vestiduras con los pactos de investidura y otros -como si el PP nunca los hubiera consumado-. En Moncloa tienen más que asumido, no obstante, que, teniendo en cuenta el popurri de intereses, de acuerdos legislativos van a ir muy justos y, ni mucho menos, va a ser esta legislatura tan productiva como la anterior.

La cuestión de estos cuatro años en adelante será poder visualizar dónde terminan los intereses políticos legítimos de cada uno de los socios de investidura y dónde empiezan los partidistas; si se es capaz de empezar una negociación en máximos -incluida la escenificación de la misma, a la que asistimos estos días- y reventarla hasta acabar en mínimos: o todo o nada, con lo que eso supone de pérdida de oportunidades para todos los ciudadanos, también las y los catalanes por los que asegura velar Junts y, por supuesto porque son muchos millones más, para los y las españolas por los que dice hacerlo Podemos.

El Gobierno apura hasta el límite las negociaciones con Junts y Podemos para salvar sus primeros decretos

Si una revisa los tres decretos del Gobierno parece imposible no apoyarlos pese a que no se les dé un sobresaliente y aunque sea por las medidas sociales de dos de ellos, destinados a paliar el impacto sobre el coste de la vida que nos han traído las circunstancias internacionales, particularmente la invasión rusa de Ucrania, y a mejorar las condiciones del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, al que se opone Podemos en la parte de las cotizaciones. El tercer decreto es el llamado ómnibus, que incluye un batiburrillo de medidas sin relación entre sí más que la urgencia de aprobar algunas por imperativo de Bruselas. Junts dice oponerse a los tres, aunque ha ido variando en la argumentación para hacerlo, se supone que en función de cómo vayan las negociaciones con el Gobierno.

El partido que lidera Puigdemont pretende un negociación bilateral con el Ejecutivo para apoyar (o no) sus planes, lo cual es imposible teniendo en cuenta que la mayoría de la investidura la componen ocho partidos con los que hay que contar sí o sí y los intereses de unos y otras confluyen menos veces de las que se esperaría teniendo en cuenta lo que hay enfrente (o quizás por eso): una coalición de PP y Vox. Podemos quiere diferenciarse de Sumar, intentando demostrar que pueden sacar más chicha de izquierda al PSOE que los de Yolanda Díaz, aunque esto les suponga que los socialistas los traten con condescendencia, convencidos de que lo único que quieren es la foto con el partido principal de la coalición y que lo de "programa, programa, programa", ya tal. Como si no hubieran gobernado juntos, vamos, y llegado hasta donde se podía llegar.

La jugada de Junts y Podemos es arriesgada, sus respectivos espacios de voto (muy mermados) podrían no entender una negativa a cero, aunque también podrían distanciarse de una afirmativa a diez. Nos falta saber si el Gobierno de Pedro Sánchez actuó con una autoestima excesiva o con la torpeza del principiante al aprobar los decretos "sin encomendarse ni a dios ni al diablo", que decía mi abuela, en un escenario inédito y muy retorcido y tras una negociación de investidura generosa sin matices. Estamos a punto de verlo.

Podemos condiciona su apoyo al decreto anticrisis a límites en los precios de los alquileres y los alimentos